El diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá promovió una acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto N°1206/16 firmado por Mauricio Macri que amplía el alcance del blanqueo de capitales a familiares directos de funcionarios.
En la presentación que cuenta con el respaldo de la bancada massista, se marcó que la acción cuestionada altera y modifica la Ley N° 27.260 (pago de juicios a jubilados y “sinceramiento fiscal), donde se establecía expresamente que los cónyuges, padres e hijos menores emancipados estaban excluidos de dicho blanqueo. Al mismo tiempo, el ex gobernador bonaerense requirió una suspensión cautelar de la medida hasta tanto exista una resolución judicial, mientras que solicitó además la intervención de la Oficina Anticorrupción a cargo de la macrista Laura Alonso.
De acuerdo a la presentación a la cual tuvo acceso Letra P, en la acción de amparo se denuncia “la inconstitucional invasión de la competencia propia del Congreso de la Nación, en la cual ha recaído el Poder Ejecutivo Nacional, al tiempo de emitir el Decreto Nº 1206/16, imprimiendo modificaciones sustantivas a las normas de la Ley Nº 27.260 que exceden sustancialmente la habilitación reglamentaria acogida por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional”.
Así, se cuestionó que, a partir del Decreto Nº 1206/16, los cónyuges, padres e hijos menores emancipados, “todos ellos expresamente excluidos por el art. 83 de la Ley reglamentada, podrán ahora incorporarse al régimen de sinceramiento fiscal, en virtud de una excepción unilateralmente establecida por vía reglamentaria. Allí donde el Legislador ha querido excluir de modo cerrado y total, negando el posible ingreso de los familiares o allegados de funcionarios, el Poder Ejecutivo ha introducido ex nihilo una excepción, que propone habilitar a los mismos familiares que el Poder Legislativo ha excluido”.
“El demandado ha ejercido una competencia que no tiene, imprimiendo modificaciones sustantivas a la Ley, bajo el pretexto de reglamentarla”, enfatizó Solá en la acción de amparo.
Vale recordar que en la denominada “ley ómnibus” sancionada en el Congreso Nacional a mediados de año, además del llamado “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” (cancelación de las deudas de juicios previsionales) se habilitó la instrumentación de un amplio “blanqueo” para regularizar la situación tributaria de contribuyentes que tenían bienes o dinero no declarado. En este punto, y debate mediante, se hizo foco en la inconveniencia de permitir que los familiares de los funcionarios pudieran ingresar en el “blanqueo” por lo que se introdujeron modificaciones en ese sentido a la norma posteriormente sancionada.
No obstante, con el decreto en cuestión, los familiares quedaron habilitados para el blanqueo, razón que motivó el amparo presentado por el diputado massista: “El Poder Ejecutivo Nacional ha concretado una reglamentación que en verdad se aparta de la expresa voluntad del Poder Legislativo”, subrayó para solicitar a su vez que “se cite a tomar intervención en la presente causa a la Oficina Anticorrupción, en la persona de su titular, la Lic. Laura Alonso”.