PERCEPCIÓN

Ganancias: rechazo masivo de empresarios a la ley y ruptura parcial en el frente sindical

Los hombres de negocios no quieren el proyecto de la oposición porque lo consideran riesgoso para la estabilidad política y las inversiones. La CGT, partida por el rol del massismo.

Se habló tangencialmente en los pasillos del almuerzo de Fin de Año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que nuclea a buena parte de los pesos pesados de la actividad empresaria nacional. “La verdad que este proyecto de Ley (Ganancias) no nos gusta, nos parece disparatado”, comentaban dos hombres de negocios en el marco de ese encuentro, este martes al mediodía. Es que el sector corporativo ya cerró filas detrás del Gobierno: no quieren que el Congreso apruebe el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias de la oposición. Lo rechazan por tres razones: la primera, consideran que, a pesar de la recesión y el impacto en los puestos de trabajo, la alianza de sectores empresarios con Cambiemos debe continuar al menos hasta entrado el 2017. La segunda, Sergio Massa fue para estos sectores siempre un bicho raro de la política. Tanto que en la última elección presidencial los votos empresarios fueron 80-20 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri.

 

La tercera razón tiene más que ver con la historia: los ejecutivos rechazan cualquier alternativa legislativa que suponga nuevos gravámenes impositivos y avances sobre cuestiones empresarias. No les preocupa tanto el impuesto al Juego, dado que los popes de esa actividad no coinciden en casi ningún polo o think tank corporativo. Pero sí los alarma el retorno del gravamen a la minería y a la renta financiera, impuesto que afecta directamente a la perspectiva que tiene la banca.

 

En el almuerzo de AEA, mientras su titular, Jaime Campos, hablaba, escuchaban varios funcionarios nacionales. No fue casualidad que estuvieran allí Marcos Peña, gefe de Gabinete de Ministros; Francisco Cabrera, ministro de Producción; Gustavo Lopetegui, secretario de Políticas Públicas; Mario Quintana, secretario de Coordinación Ministerial, y Matías García Oliver, subsecretario de Asuntos Institucionales.

 

La AEA es la cámara más cercana al Gobierno y menos conflictiva en los planteos por las políticas oficiales en materia económica. La que ha decidido mantener el lazo político hasta entrada la campaña electoral 2017. Respaldan esa línea los verdaderos cuadros de la entidad: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José Cartellone (Construcciones Civiles), Alfredo Coto (COTO), Cristiano Rattazzi (Fiat), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Eduardo Elsztain (IRSA), Alberto Hojman (BGH), Jorge Aufiero (Medicus), Teddy Karagozian (TN & Platex), Pablo Roemmers (Laboratorios Roemmers), Norberto Morita (Southern Cross Group), Marcos Galperín (Mercado Libre), Roberto Alexander (IBM Argentina), Julio Figueroa (Citi), Gastón Remy (Dow), Martín Migoya (Globant), Santiago Mignone (PriceWaterhouseCoopers), José Moreno (Mastellone Hnos.) y Tomás Sanchez de Bustamante (OSDE). “No era algo lógico. Tenemos que empezar a comprender que la competitividad viene por generar empleo en las empresas privadas, no por inventar nuevas formas de gastar dinero. Esto iba significar subir el déficit y el Estado se paga con impuestos. Y el que paga es el sector privado”, explicó a Letra P Karagozian, consultado sobre Ganancias. Otro de los presentes en el evento consideró, pidiendo reserva: “Entendemos que esto iba a terminar con mayor presión impositiva, que va en contra del objetivo de que crezca la economía y lleguen inversiones”.

 

Pero no sólo en AEA se habló de Ganancias. El presidente del Consejo para el Comercio y la Producción (Cicyp), el empresario de Telecom Adrián Werthein, usó su cuenta de Twitter por la mañana. Sin saber que por la tarde se caería el proyecto en el Senado por falta dictamen, se apresuró a señalar que si Mauricio Macri debía pagar un costo político, tendría que hacerlo. En una clara referencia a que de aprobarse la iniciativa el único camino era vetarla. En la misma línea se expresó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que bajó línea sobre los problemas de déficit que generaría la iniciativa caída en desgracia.

 

La Unión Industrial Argentina (UIA) fue incluso más literal. Consideró, tras su reunión de Junta Directiva de los martes, enfocarse en “la necesidad de propiciar una política fiscal integral, coordinada entre Nación, Provincia y municipios. Evitar superposiciones y una presión tributaria no acorde con la competitividad interna y externa de nuestra producción constituye hoy una prioridad para fomentar la inversión y la generación de puestos de trabajo”. Y agregó que “la UIA sostiene que no es compatible con dicho propósito el tratamiento de una o más cuestiones fiscales de manera desarticulada, sin una visión de conjunto, obstaculizando la sustentabilidad fiscal y competitiva de largo plazo. Tal el caso de eventuales impuestos sobre actividades mineras que cambian sustancialmente reglas establecidas por el propio Congreso de la Nación hace pocos meses”. Por último, agregaron que “como viene sosteniendo la entidad, la presión fiscal sobre la industria hoy supera el 34% promedio, por encima de la media de los países industrializados del mundo y aún sin una contrapartida de eficiencia en el gasto y calidad de los servicios públicos. La solución no radica en más tributos o enfoques asistémicos sino abordar en forma concreta y urgente una definición integral y una agenda que permita, gradual pero inexorablemente, aliviar la carga fiscal sobre el trabajo y la producción”. La UIA dejó de lado incluso la ascendencia que José Ignacio De Mendiguren -legislador massista y uno de los impulsores de la ley- tiene en la entidad y sobre varios de sus pares en casi todas las cuestiones, y se pronunció en contra de la normativa.  

 

Por el lado de los sindicatos, pasó algo curioso. Uno de los miembros del Triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, se quejó en su círculo íntimo del intento de arrastrar al massismo a la central sindical. Es que tanto Héctor Daer como Carlos Acuña, dos referentes del Frente Renovador, tallaron fuerte en la posición sindical del proyecto. Hay otros dentro de la central obrera con dudas, pero no lo dicen aún en público. Mientras tanto, en las dos CTA ya está tomada la decisión de tratar con las bases una manifestación por el proyecto trunco. El problema son las adhesiones y el volumen de gente que se podría congregar a tan pocos días de finalizar el año.

 

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