En el marco de la ley de Emergencia Administrativa, aprobada este año por la Legislatura bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso la transferencia mensual de 1,75 millón de pesos por mes para el pago de sueldos de “personal de gabinete”.
En los hechos, se trata del régimen salarial que la mandataria diseñó para la planta de asesores, que asistirán (además de a la propia gobernadora) a ministros, secretarios y Subsecretarios del Ejecutivo provincial.
El decreto Nº 1278, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y que rige desde el primer día de noviembre, establece el “régimen modular para el personal de gabinete” previsto a partir de la ley 14.815 de Emergencia Administrativa.
El nuevo sistema establece un módulo como unidad de pago, fijado en $17,50, y se ordena a razón de 30 mil módulos asignados por mes a la gobernadora; 25 mil para ministros y secretarios, respectivamente, y 20 mil para subsecretarios.
A este salario se le debe agregar, además, “el 20 por ciento no remunerativo” del total del sueldo asignado.
La gobernadora y sus ministros podrán establecer el salario que consideren para sus asesores, que solo deberá ser inferior a la remuneración del “funcionario al que asista” (art 4).
En el caso de la mandataria, los salarios no deberían superar los 90 mil pesos brutos que recibe la gobernadora, que de bolsillo significan aproximadamente 70 mil pesos.
En mayo pasado, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la Emergencia Administrativa pedida por Vidal (ley 14.815).
Los gremios nucleados mayormente en la CTA denunciaron que la ley, a través de sus artículos 25 y 26, que fijaban la nueva modalidad para los contratos de servicio, habilitaría la “precarización laboral” de los empleados de la administración pública.
Esos argumentos fueron también esgrimidos por los peronistas y kirchneristas, quienes protagonizaron con los dirigentes de Cambiemos y del massismo, una pelea que de los insultos llegó casi a los golpes.
Ya con la ley en mano, Vidal, declaró que la emergencia “lejos de afectar el derecho de ningún trabajador, tiene que ver con que la Provincia pueda avanzar más rápidamente en las obras hidráulicas para que la gente no se inunde, en las obras para los hospitales y las escuelas”.