La administración vidalista avanza hacia la municipalización de los comedores escolares. Para esto, los funcionarios provinciales ya han comenzado a entablar contactos con intendentes para poner en marcha una prueba piloto que durante 2017 abarcaría a doce distritos bonaerenses. De acuerdo a lo detallado a Letra P por fuentes confiables, el argumento para la implementación de esta medida es tener una relación más cercana y aceitada con los proveedores, contar con un seguimiento minucioso del menú que se otorga, eliminar barreras burocráticas e imprimirle a los consejos escolares un rol más protagónico y enfocado en lo que refiere a lo pedagógico y el control del ausentismo docente.
No obstante, esta medida latente ya genera rechazo en los gremios: “Es una trasferencia de responsabilidades que son de la Provincia”, dijo a este medio la secretaria de Educación y Cultura de Suteba, Silvia Almazán.
En principio, la intención es firmar los convenios para las prueba piloto en enero del próximo año para que los municipios elegidos comiencen a recibir los recursos en febrero. En estas comunas, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) será quitado de la órbita de los consejos escolares y pasará a los ejecutivos municipales que recibirán mensualmente de la Provincia las partidas correspondientes a este fin. La intención es que en 2018 todos los intendentes bonaerenses manejen los comedores escolares.
En cuanto al rol que tendrían los consejos escolares, se comentó que se apunta a una redefinición de las acciones, enfocando en el aspecto pedagógico y monitoreo del ausentismo docente, para consolidarse así como “un órgano político que controle la calidad de la educación que reciben los chicos”. En este punto, se alegó que la mayoría de los consejeros y consejeras son docentes que “hacen algo que no tiene nada que ver con la formación profesional”.
RECHAZO DOCENTE. Sin embargo, en Suteba no tardaron en expresar sus disidencias ante esta posibilidad. “Nos hace poner en alerta proyecto de transferencia de responsabilidades a los municipios. Esto no forma parte de la legislación que está vigente”, subrayó a Letra P Silvia Almazán al advertir que actualmente “hay una necesidad de incrementos de cupos en algunos distritos y la actualización del monto por prestación porque hubo una en mayo pero ahora con el proceso inflacionario va quedando desactualizada”.
Ante eso, manifestó que solicitaron una audiencia con el ministro de Desarrollo Social (cartera a cargo del SAE), Santiago López Medrano, para tener detalles de esta iniciativa y de la tarea que desempeñarán los concejos escolares.
Asimismo, alertó sobre una actual “trasferencia de responsabilidades con fundaciones y ONG que asumen o empiezan a desarrollar acciones pedagógicas que son propias de Educación”. “¿Empieza a quitarse el Estado provincial la responsabilidad de garantizar el derecho social de la educación?”, se preguntó la dirigente gremial.