Martilleros públicos y corredores de la provincia de Buenos Aires realizaron una asamblea en Lanús para avanzar en la dura disputa que mantienen con la multinacional Remax y otras franquicias, como el Grupo Mega, que opera bajo la figura de las franquicias. Tras obtener una cautelar que obliga a la empresa a suspender su operatoria en este partido y en Avellaneda, ahora decidieron avanzar en la Justicia para que se la expulse. Pero, además, empezaron a cruzarse denuncias con asociaciones profesionales por supuesta complicidad con el gigante extranjero.
De la reunión plenaria celebrada en el Quincho de Vitalicios del Club Lanús participaron referentes de varios distritos, algunos de ellos de gran envergadura en el sector, como los de La Plata, Capital Federal, Quilmes y Lomas de Zamora, Avellaneda y Ensenada. Allí se decidió encarar una embestida judicial para expulsar a la franquicia del país y replicar, en todos los departamentos judiciales de la Provincia y el país, la presentación judicial de amparo obtenida hace pocos días, que las obliga a encuadrarse en el marco legal en el que opera el resto de las inmobiliarias del país, según relataron a Letra P profesionales que participaron del encuentro.
La ley provincial 10.973 establece que no se puede franquiciar la profesión de los martilleros, ya que se debe contar con un título profesional para ejercer como tal. Los martilleros aseguran que Remax y otras franquicias -como el Grupo Mega- violan ese régimen normativo porque tienen agentes capacitados en pocos meses en las propias franquicias que operan como vendedores.
Esto –siempre según la denuncia- perjudica especialmente a las inmobiliarias, un actividad tradicional para el sector pyme, ya que la mayor parte de ellas no tiene más de cinco empleados, pero en todo el país son decenas de miles los martilleros y corredores matriculados y al frente de su propio emprendimiento.
Las franquicias vienen a funcionar bajo la firma y responsabilidad de un puñado de martilleros, en dimensiones a gran escala, y con cientos de empleados sin preparación profesional que salen a trabajar al mercado como "agentes inmobiliarios", tras una escasa capacitación comercial pero escasamente técnica. El rédito de la actividad no va a parar ni al sector de los martilleros ni a la economía local, sino a las cuentas de los colosos multinacionales, sostienen los denunciantes.
INTERNA. Pero en la reunión llevada a cabo en el Club Lanús también se iniciaron los pases de factura entre martilleros y las asociaciones que los representan, a las que acusaron de “borrarse” tras el fallo judicial y no presionar a las franquiciadas.
“Lo llamativo es que, apenas dos semanas después de dictarse la medida cautelar contra Remax, a la reunión con martilleros de toda la Provincia faltaron los titulares de las dos asociaciones locales -impulsoras iniciales de la demanda-, lo que nos hace sospechar que podrían estar sellando un arreglo extrajudicial con la multinacional a cambio de desistir de la demanda. Se trata de Carlos Alberto Petenatti y José Ángel Mataffo (presidentes de la Asociación de Martilleros de Lanús y de Avellaneda, respectivamente). Se supo que la compañía reaccionó velozmente buscando mitigar las dimensiones del conflicto y ésa sería la forma más efectiva de lograrlo”, afirmaron a este medio colegiados que participaron de la reunión.
El fallo de la Justicia bonaerense impide operar a la multinacional en dos distritos de la Provincia por incumplir la ley que establece que el servicio debe ser brindado por profesionales universitarios habilitados.
Según la denuncia, la firma con sede en Denver, Colorado (EEUU), terceriza a sus empleados y los somete a un régimen de precarización laboral, sin sueldos, trabajando a comisión y capacitados fuera del marco normativo.
El presidente de la Agrupación de Martilleros y Corredores Públicos Para el Desarrollo Profesional (Acomadep), Leandro García, informó a Letra P que la Asociación que él preside presentó un reclamo frente a la justicia a los efectos de defender el trabajo de los profesionales Martilleros y Corredores Públicos, que estaban siendo “estafados” por empresas internacionales que trabajan fuera de la ley.
Mediante la medida cautelar, la justicia ordenó “el inmediato cese en las actividades de Remax Argentina S.R.L., en cualquiera de sus denominaciones, prohibiéndole ejercer la actividad de corretaje inmobiliario en el Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, por considerar que existe verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y riesgo de causar un perjuicio irreparable”.
Según la denuncia, el servicio que ofrecen las franquiciadas es una tercerización, ya que un profesional martillero delega su trabajo en unos 40 vendedores que capacita en pocos días en materia de tasaciones, ventas, alquileres y locaciones.
Los martilleros aseguran que existe un perjuicio al Estado porque se evaden impuestos y, además, que el vendedor no tiene responsabilidad sobre lo que hace.
Remax es una organización internacional de bienes raíces fundada en 1973 por David y Gail Liniger en Denver, Colorado. Sigue siendo propiedad de sus fundadores. Tiene una red de cerca de 100 mil agentes en 7 mil oficinas situadas en unos 65 países. La red está compuesta por unas 70 regiones que varían en tamaño de un área metropolitana a un país entero. En su página web, se describe a sí misma como “un sistema inmobiliario mundial de oficinas franquiciadas y propias y sus profesionales independientes afiliados”.
