Los martilleros bonaerenses celebran un fallo de la justicia que impide a la multinacional americana Remax operar en un distrito de la provincia de Buenos Aires por incumplir con la ley que establece que el servicio debe ser brindado por profesionales universitarios habilitados. La firma, con sede en Denver, Colorado (EE.UU.) terceriza a sus empleados y los somete a un régimen de precarización laboral.
El presidente de la Agrupación de Martilleros y Corredores Públicos Para el Desarrollo Profesional (Acomadep), Leandro García, informó a Letra P que la asociación que preside presentó un reclamo frente a la justicia a los efectos de defender el trabajo de los profesionales martilleros y corredores públicos, que estaban siendo estafados por empresas internacionales que no respetan el marco normativo local.
El profesional, junto a colegas de la Asociación de Martilleros Balanceadores y Corredores Inmobiliarios de Avellaneda y de la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de Lanús, llevo adelante este reclamo y explicó que la medida cautelar “ordena el inmediato cese en las actividades de Remax Argentina S.R.L., en cualquiera de sus denominaciones, prohibiéndole ejercer la actividad de corretaje inmobiliario en la jurisdicción del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, por considerar que existe verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y riesgo de causar un perjuicio irreparable”. Por otra parte, estas Asociaciones están convocando al Segundo Plenario "Contra las Franquicias Inmobiliarias", el día 20 de Octubre a partir de las 19.30 hs en el Polideportivo del Club Atlético Lanus, sito en las Calles Arias y Guidi de la localidad de Lanus Este de la Provincia de Buenos Aires.
El servicio que ofrece Remax es una tercerización, ya que un profesional martillero delega en unos 40 vendedores que son capacitados en pocos días la tarea que concierne a esta profesión, referida a tasaciones, ventas, alquileres y locaciones. “Existe, sin duda, un perjuicio al Estado porque se evaden impuestos y, además, el vendedor no tiene responsabilidad sobre lo que hace, con el peligro que ello trae al que se adentra de buena fe en una operatoria inmobiliaria maquillada de la legalidad de una marca que opera contra el sistema, le saca trabajo a inmobiliarias que están en regla y destruye al sector con sus prácticas ilegales”, aseguraron los martilleros a este medio.
García destacó al grupo de abogados que cumplió un rol determinante en este fallo y pidió que se replique en todos los juzgados de la Provincia.
“Remax aplica un sistema de franquicia pero deja de lado el ejercicio de una profesión que requiere título universitario y debe ser ejercida en nombre propio y no de otros, y utiliza artilugios jurídicos para reemplazar a los profesionales matriculados por los llamados agentes inmobiliarios, poniendo en riesgo el normal funcionamiento de varias leyes, entre otras, la de previsión social. Es una pelea de David contra Goliat, pero la vamos a dar”, aseguraron los martilleros
RE/MAX es una organización internacional de bienes raíces fundada en 1973 por David y Gail Liniger en Denver, Colorado. Sigue siendo propiedad de sus fundadores. Tiene una red de cerca de 100 mil agentes en siete mil oficinas situadas en unos 65 países.
La red está compuesta por unas 70 regiones, que varían en tamaño de un área metropolitana a un país entero. La red de franquicias RE/MAX se describe a sí misma como “un sistema inmobiliario mundial de oficinas franquiciadas y propias y sus profesionales independientes afiliados”, aunque este modelo de negocio viole la ley provincial.
OTROS FALLOS. El sector inmobiliario de Córdoba y los presidentes de los colegios inmobiliarios del país felicitaron al Colegio Inmobiliario de Mendoza y a todos sus dirigentes por la resolución dictada que pone de manifiesto la ilegalidad de las franquicias inmobiliarias (como Remax), fallo que dictó la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia de esa provincia.
Además, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Inmobiliario Mendocino aplicó a Remax una multa pecuniaria equivalente a setenta veces el costo de matriculación -suma que en esa provincia asciende a 182 mil pesos-, poniendo “la piedra basal que permitirá a todos los colegios de ley del país tomar la misma medida en respeto a las leyes provinciales de cada jurisdicción”, informaron fuentes del sector.