El sistema de medios argentino es dinámico. Presenta altos niveles de concentración de la propiedad en casi todos los sectores y el capital extranjero domina varias de las empresas más importantes. La centralización de la producción de contenidos en Buenos Aires se relaciona con los bajos niveles de diversidad de los tipos de contenidos y enfoques.
La ley audiovisual sancionada en 2009 tenía entre sus objetivos la democratización. Incluía aspectos para reducir la concentración y promocionar el pluralismo y la diversidad. Pero la falta de decisión política para su aplicación integral se combinó con la judicialización de su proceso y casi todo siguió igual.
Las políticas de comunicación implementadas por el gobierno de Mauricio Macri desarticularon el corazón de la normativa heredada con diferentes decretos. No concibe a la concentración como un problema y avanza hacia una nueva regulación. En los primeros meses de gestión puso en segundo plano al sector que gestiona medios sin fines comerciales. Y tiene una relación conflictiva con un espacio que es más diverso y plural de lo que el propio Gobierno admite.
Los funcionarios de Cambiemos suelen vincular las demandas de cumplimiento efectivo de la ley audiovisual con un supuesto apoyo al kirchnerismo, que no fue extendido en todos los medios sin fines de lucro. Con esto, deja expuesto un alto grado de desconocimiento de este actor clave para la diversidad de la comunicación.
La hegemonía del desarrollo privado-comercial de los medios en Argentina fue históricamente auxiliada por el Estado. Los diferentes gobiernos se mostraron siempre activos y solidarios para garantizar la performance económica antes que el servicio público. Con eso convive el sector de medios sin fines de lucro. Un tipo diferente de gestión con arraigo en la cultura comunicacional del país.
Organizaciones de diverso tipo (políticas, culturales, movimientos sociales, cooperativas de trabajadores, pueblos originarios entre otros) consolidaron desde principios de la década de 1980 una forma diferente de hacer comunicación, vinculada a cuestiones locales y marcada por límites que condicionaron su desarrollo. La prohibición de acceder a licencias por no tener fines comerciales, la exclusión de la posibilidad de recibir pauta publicitaria oficial y hasta la persecución de fuerzas públicas por su actividad fueron rasgos de la experiencia de los medios comunitarios y alternativos hasta no hace muchos años.
A pesar de todo, mientras que los diferentes gobiernos tomaban decisiones en favor de los medios comerciales, creció y se consolidó en Argentina un conjunto de emisores que construyeron su legitimidad en la acción, a contramano de los impedimentos regulatorios. Principalmente en el sector de las radios, pero también con experiencias de canales de televisión.
La ley audiovisual implicó una serie de reconocimientos al sector sin fines de lucro. Se destacan, entre ellos, la reserva del 33 % del espectro para licencias de radio y TV, la representación institucional en organismos de gestión y la creación de mecanismos de estímulo a su funcionamiento mediante los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), el único que se implementó de modo concreto.
Casi todos los beneficios quedaron apenas en la regulación. Fueron parte de la aplicación sesgada de la ley durante el kirchnerismo. Nunca se aprobó el Plan Técnico de Frecuencias, que podría haber derivado en el avance hacia la diversificación de tipos de medios. La entrega de licencias y la realización de concursos se acotó a regiones sin conflicto por el espacio y a prestadores de TV por Cable gestionados por pequeñas cooperativas locales, como demuestra el “Diagnostico sobre el acceso del sector sin fines de lucro a medios audiovisuales”, elaborado por el equipo de Investigación de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes.
El FOMECA fue implementado desde 2013. Se financia con el 10 % de lo que recauda la autoridad de aplicación por multas y gravámenes. Su destino es dar sustentabilidad a proyectos especiales de comunicación audiovisual y fomentar voces del sector comunitario y de pueblos originarios. Entre 2013 y 2015, se convocaron 25 concursos y se otorgaron $ 153.948.061 en 1.013 premios diferentes. Unas 482 organizaciones de medios obtuvieron al menos uno. Como ha sistematizado Agustín Espada (CONICET), “todas las líneas concursadas tuvieron un reglamento que fue publicado en cada una de las resoluciones convocantes. Ninguno de los premios fue otorgado por fuera de alguna de estas convocatorias”.
A pesar de los cambios implementados por los decretos de Macri, la mayoría de los aspectos favorables a los medios sin fines de lucro permanecen vigentes, aunque la gestión de Cambiemos relegó al sector. En los primeros diez meses, se constatan cambios en las políticas de legalización y fomento de todas las dependencias del Estado (Ministerio de Cultural, INTA, etc.). No obstante lo cual, el organismo aprobó, en setiembre de 2016, un reglamento para los FOMECA en el que definió las cinco líneas a convocar en este año. Sin embargo, el diálogo entre el ENACOM y el sector no comercial ha sido conflictivo.
La falta de respuestas y la suma de promesas incumplidas hacen que la conversación resulte poco menos que un simulacro, a lo que puede agregarse la denuncia que el Gobierno realizó contra Martín Sabbatella (ex presidente de AFSCA) y Andrea Conde (directora de Proyectos Especiales, que administraba los FOMECA) por malversación de fondos públicos.
Como ha demostrado Espada, el dinero supuestamente malversado no se otorgó por los mecanismos diseñados por el FOMECA (concursos) sino de modo directo. Queda por relevar si ese dinero provenía de la caja de dicha Dirección o del presupuesto general del organismo. Pero el objetivo de aquella demanda parecía ser el de afectar la legitimidad del recurso, justo cuando vencía la promesa de pago de los fondos adeudados del año 2015.
En este marco, el colectivo Interredes -que nuclea a las redes de medios sin fines de lucro de Argentina, como FARCO, AMARC y la Red de Medios Alternativos- llevó adelante una protesta ante el ENACOM el 26 de octubre bajo la consigna “Sin medios comunitarios no hay democracia”.
El reclamo incluye los pedidos de cumplimiento integral de la ley audiovisual, pago de las deudas por FOMECAS 2015, habilitación definitiva de los canales comunitarios concursados que cumplieron con todas las exigencias derivadas del acto de adjudicación (varios de los cuales sufren interferencias de Canal 13) y la apertura a concursos para licencias de radio y televisión sin fines de lucro.
Desde un día antes de la movilización, el ENACOM anunció el lanzamiento de diferentes líneas de Fondos Concursables para 2016. Las convocatorias se difundieron en cuotas, de a una o dos por día, a partir del martes 25 de octubre y durante toda la semana. El oportunismo no disimula el maltrato implementado hacia el sector hasta entonces. Los concursos presentan claroscuros y dejan varias preguntas sin respuesta.
Los fondos anunciados solventarán gastos en equipamiento y adecuación edilicia para radios (línea 1) y canales de TV (línea 2), como así también para gastos de gestión (línea 3), producción de radio (línea 4) y de TV (línea 5). Resulta significativa la creación de una línea específica para la TV, tanto como los montos destinados y el valor del premio máximo en cada caso. En 2015, se otorgaron premios por un total de $ 104 millones. Buena parte de ésos está todavía pendientes de pago. Para 2016, se concursa un total de $ 125,1 millones.
El crecimiento interanual es apenas del 20 %. Contemplar cualquier índice de inflación disponible expone que la merma es significativa. Si a la deuda por los compromisos de 2015 se agrega que la convocatoria de este año se abonará recién en 2017, los fondos hacia el sector sumarán dos años de retraso.
El anuncio de cada línea fue por goteo. Los plazos para los concursos resultan breves: 20 días de convocatoria abierta, 180 días para la rendición. El cronograma no indica en qué momento se anunciarán los ganadores. Y las novedades no incluyen información sobre el pago de los montos adeudados. La incertidumbre crece.
Entre el martes y el jueves de la semana pasada, se publicaron las convocatorias y la composición de los jurados. El reglamento establecía que cada línea tendría un jurado de cinco miembros: dos por el ENACOM, dos por el Consejo Federal de Comunicaciones (no conformado al día de hoy) y uno por otro ente público (como el Ministerio de Cultura). La designación no indica a quién representa cada miembro, la mayoría proviene del sector privado comercial y otra diferencia con el régimen anterior es que ahora cobrarán $10 mil cada uno por su tarea.
Por otro lado, se constata un retroceso en el reconocimiento de los medios que operan, dado que a las líneas 1 y 2 solo podrán presentarse organizaciones sociales con licencia o reconocimiento otorgado por la Resolución 753/06 del entonces COMFER. Es decir, quedan afuera las 140 emisoras reconocidas luego de la aprobación de la Ley Audiovisual.
La lógica económica propia de las industrias culturales y los aspectos sociodemográficos del país condicionan el funcionamiento de los medios. La centralización en las grandes ciudades y la concentración de la propiedad caracterizan un sector dinámico en la producción de contenidos y con alta incidencia en el debate público. Consecuencia de esto resulta la escasa diversidad en el tipo de contenidos, en las agendas y en los enfoques de los temas abordados. Los medios sin fines de lucro –con su anclaje territorial- son una alternativa que aporta a la diversidad. Pero necesitan el apoyo del Estado garantizado en la ley, una ayuda cuya legitimidad es puesta en duda por quien debe gestionarla y por el sector privado comercial, históricamente acostumbrado a recibir contribuciones mucho más significativas.
@santiagomarino