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Según informa el diario La Nación en su edición de papel de este jueves, los gobiernos nacional y bonaerense “firmaron un acuerdo para que presos peligrosos detenidos por casos ligados al narcotráfico sean alojados en prisiones federales y no en los penales provinciales donde están detenidos actualmente”.
El diario de los Mitre contextualiza: “La medida es una reacción a la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez que estaban detenidos en una cárcel provincial, en General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense”.
En una nota publicada el 29 de diciembre bajo el título “Otras curiosidades de la gestión penitenciaria de Vidal”, Letra P advirtió, a partir de un testimonio reservado de un ex funcionario del SPB, que esto podía pasar.
En ese artículo, este portal explicaba que la política penitenciara del PRO está en manos de una familia: los Mahíques. Juan Bautista maneja la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación. Es una oficina clave del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde ahí, el también representante del presidente Macri en el Consejo de la Magistratura administra el Servicio Penitenciario Federal (SPF), un sistema con algo más de 10 mil internos alojados en una red de establecimientos penales que cubre todo el país. En esas unidades se alojan presos peligrosos que cometieron delitos federales. Se destacan los narcotraficantes y los represores. En tanto, Mahiques padre, Carlos, es el ministro de Justicia de la provincia.
En la nota, Letra P se preguntaba cómo sería la relación entre el responsable de la política penitenciaria nacional y el que está a cargo de la misma materia en la provincia y si la autoridad paterna del segundo podía tener influencia en las decisiones del primero. Y una fuente consultada al respecto había advertido: “Mahiques padre maneja un sistema carcelario ingobernable y colapsado, que necesita todo el tiempo sacarse presos de encima. ¿Qué hará Juan Bautista cuando papá Carlos le pida que aloje en penales federales a los presos más peligrosos de la provincia?”.
La crisis desatada en la madrugada del 27 de diciembre por la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, que llevan 11 días prófugos sin que las fuerzas provinciales y federales de seguridad que los buscan hayan conseguido siquiera encontrar una huella, apuró los tiempos.
Siempre según La Nación, el acuerdo intrafamiliar “apunta a trasladar a unos diez presos de penales provinciales a cárceles federales de la Patagonia, donde estarán más seguros y lejos de eventuales apoyos externos, lo que dificultaría la planificación de una fuga”.
Para el diario, lo que pretende Vidal es despejar toda posibilidad de otro escándalo mediático en este escenario inflamable. Y menciona la amplia cobertura que tuvo un incidente menor registrado en la cárcel de Azul que, al calor del sainete de la triple fuga, tomó proporciones que no hubiera tenido en otro momento.
Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo –que ha tenido en menos de un mes todos los problemas que había estimado administrar en un año- ya lo saben: en un polvorín, cualquier chispa es tragedia.
No obstante, el acuerdo no es en sí mismo garantía de que la gobernadora pueda sacarse de encima a los presos que podrían causarle nuevos dolores de cabeza. Como aclara bien La Nación, la definición del destino de alojamiento de los procesados y condenados no es materia de los poderes ejecutivos, sino de los jueces de ejecución que están a cargo de cada una de las causas.
Por tanto, el convenio familiar de los Mahiques es sólo una plataforma. Ahora, Vidal deberá mandar emisarios a trajinar los tribunales en busca de la bendición de los magistrados.