ESCÁNDALO PRO

Quién es el juez que decide si Niembro es culpable o inocente

Roberto Ponce investiga la causa del candidato de Cambiemos. El PRO desconfía del juez por fallos anteriores. Perfil de un hombre con una bomba en sus manos.

Roberto Ponce, juez del Juzgado de Instrucción Nº 23, del Fuero Criminal Correccional, quedó en el centro de la escena política. Sucede que el magistrado, está a cargo de la investigación de la denuncia penal contra el candidato del PRO Fernando Niembro y la trama que vincula a su productora con el Gobierno porteño.

 

No es un juez más. Arrastra un historial muy pesado de denuncias por su accionar en el Consejo de la Magistratura. Esto ya lo saben cerca de Mauricio Macri, a quien desde el grupo del binguero Daniel Angelici le prometen controlar la situación que pone en riegso la campaña.

 

En mayo de 2008 Gabriel Lucio Ordóñez se retiró de un hotel alojamiento en el barrio de Flores en compañía de una menor de edad vinculada a una red de trata de personas. Este hombre de 43 años fue detenido por agentes de la Policía Federal que investigaban a la organización delictiva. Cuarenta minutos más tarde, salió en libertad. No fue indagado y no se presentó cargo alguno en su contra. El juez era Ponce.

 

Ese caso le valió el expediente 171/08 iniciado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luís Alen, que, en ese momento, dijo que Ponce “no hizo nada propio de un juez: no investigó, no pidió declaraciones testimoniales y tampoco pareciera que le importó el tema de la trata de personas”.

 

Aníbal Fernández, por entonces ministro de Justicia, también arremetió contra el magistrado: “A este juez no le importo nada; su incumbencia con los menores es cero”.

 

En el mundo de los penalistas lo señalan como un juez “al que le gusta hacer la plancha” y comentan que son habituales las escenas calientes en la mesa de entradas de su juzgado. “Hace ocultar cosas del expediente, te hace ir hasta seis veces en un mismo día para verlo; más de una vez, alguno casi se va a las manos con sus secretarios”, cuentan dos abogados que lo han tratado en reiteradas ocasiones.

 

En marzo de 1997 le tocó investigar la muerte de Ulises Fernández, hincha de Huracán asesinado a tiros por barras de San Lorenzo en la previa del clásico de barrio. Fiel a su estilo, el magistrado no tardó demasiado en sobreseer a los 26 hinchas sospechosos. La Cámara del Crimen revocó la decisión y se vio obligado a seguir investigando. “El juez siempre buscó cómo sacarse el tema de encima; no quería tener asuntos con barrabravas. Es más: cuando Fernando Miele (presidente de San Lorenzo) le dijo que en su club no había grupos violentos, él se las arregló para creerle”, dice un abogado que intervino en ese caso.

 

La lista de denuncias contra Ponce es extensa. En 2001, Jorge Giménez lo denunció por dilatar un expediente de una causa de tortura policial; en 2002, Luis Martínez hizo lo propio alegando mal desempeño del juez en un caso de trata de blancas; en 2006, recibió denuncias por inacción en una causa por extorsión y, dos años más tarde, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Finalmente, en 1998 se inició un proceso de juicio político que no logró prosperar.

 

En noviembre de 2004 su nombre volvió al ruedo. Fue en el marco de la causa de la fábrica textil Brukman, recuperada por sus empleados mediante una cooperativa. Ordenó el procesamiento de seis de ellos por el cargo de usurpación sin esperar que estuviera firme la sentencia de la Cámara. Para esto se basó en la resolución de los camaristas Abel Peró, José Manuel Piombo y Guillermo Navarro, que avalaron pedidos de desalojo efectuados por la empresa alegando que la propiedad privada está por encima de la integridad física.

 

El entonces abogado de la cooperativa Luis Caro contó que “Ponce no solo procesó a los trabajadores sin pruebas; utilizó argumentos desastrosos por ni decir que ordenó desalojar a 38 personas desarmadas con 100 efectivos policiales”. También fue denunciado por este caso. Ahora, a un mes y medio de las elecciones, sobre el despacho de Ponce se descarga una presión política y mediática que acaso no le deje margen para volver a hacer la plancha.

 

Temas
El edil Agapito Blanco, uno de los referentes del PRO en Rosario.
Hebe Casado, la vicegobernadora de Mendoza que quiere quedarse con la conducción del PRO. 

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