Los dos primeros alegatos de las querellas en esta etapa final del juicio por el accidente ferroviario de Once cargaron toda la responsabilidad sobre el motorman Marcos Antonio Córdoba, por lo que pidieron que se lo condene a 22 años de prisión.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio (esta última en calidad de jueza sustituta) comenzó escuchar los alegatos finales del debate antes de emitir veredicto, en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
La primera querella en presentar su alegato en el juicio estuvo representada por el abogado Jesús García (integrante del estudio jurídico del Dr. Gregorio Dalbón) quien luego de repasar durante casi 4 horas todos los puntos de las 2 pericias técnicas acusó de "mentir" al motorman Marcos Córdoba por haber asegurado que los frenos del tren no funcionaron.
"Si Córdoba hubiera querido frenar el tren en el momento que él ha señalado, a unos 300 metros de la estación de Once, contaba con una capacidad de freno suficiente para parar al tren muchos metros antes del paragolpe", sostuvo el abogado de la denominada querella número 1.
Para la querella de García "el tema de los frenos es una cuestión fundamental a fin de desentrañar qué sucedió aquel 22 de febrero de 2012". En su alocución sostuvo que "las pericias técnicas" hechas a los frenos del tren luego del accidente "dieron resultados satisfactorios" por lo que, concluyó, "dan cuenta de que Córdoba ha sido mendaz en sus dichos".
"Las pericias confirmaron que el 'hombre muerto', sistema de frenado, había sido desactivado antes del accidente y Córdoba admitió que lo desactivó aduciendo que tenía el brazo o mano cansada y eso lo motivó a hacerlo", agregó el abogado García, quien pidió que el maquinista sea condenado a 22 años de prisión.
Según esta querella, a Córdoba le cabe el delito de descarrilamiento doloso que está contemplado en el artículo 191, incisos 3 y 4, del Código Penal donde se tipifica que se debe castigar a quien "empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar". La pena prevista es de "reclusión o prisión de 10 a 25 años si resultare la muerte de alguna persona".
Finalizado el alegato de García, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio de una hora y después fue el turno del alegato de la querella número 2 encabezada por el abogado Javier Moral quien hizo un detallado recorrido por las declaraciones de los testigos que pasaron por el juicio y tuvo tiempo para cuestionar la labor del perito Brito al decir que sus conclusiones fueron en contra de la Ley de Pascal en cuanto a la distribución de la presión del aire dentro de las tuberías del sistema de frenos. “La verdad es una sola. Y las pericias y todo lo que está en el expediente apunta a la exclusiva responsabilidad de Córdoba”, sentenció Moral.
También recordó que el GPS indicó que la velocidad de entrada en los últimos 350 metros antes de llegar al final del andén había sido de 26 kilómetros por hora, más del doble de los 12 reglamentarios.
"El chapa 16 frenó correctamente en todas las estaciones, los compresores funcionaron correctamente, no hubo fallas ni reportes, pero desconectó el freno de hombre muerto en una maniobra antirreglamentaria", alegó el abogado Moral al recopilar los testimonios de los peritos que declararon desde marzo del año pasado en el juicio.
"De lo que pudo haber sucedido, en base a conclusiones de peritos y de los ensayos, no surge el mal funcionamiento del sistema de freno", concluyó adhiriendo al pedido de condena formulado por la querella número 1.
Ambas querellas agravaron la calificación de Córdoba, que había llegado al juicio con una imputación por "descarrilamiento culposo" aplicado por el juez de instrucción Claudio Bonadío. Las dos querellas que alegaron hoy consideraron que el motorman "nada hizo para evitar" la tragedia y "podía evaluar el riesgo de sus acciones, por lo que incurrió en dolo eventual".
El próximo alegato que se escuchará es el de la querella número 3 a cargo de Leonardo Menghini y Leila Leiva quienes junto a un grupo de familiares convocaron a varias agrupaciones políticas y sociales para que los acompañen en la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, entre ellos Vilma Ripoll, Rubén Sobrero, Claudio Lozano, Néstor Pitrola, Gustavo Vera, Julio Piumato y Juan Carr.
La semana siguiente se escucharán las palabras de la querella número 4 a cargo de Patricia Anzoátegui. Finalizados los alegatos de las querellas será el turno del representante del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal Fernando Arrigo.
Luego llegará el turno de las 28 defensas donde se escucharán los alegatos de los abogados Jorge Sandro (representa a Schiavi); Andrés Marutián (abogado de Jaime); Jorge Pinto (abogado de Sícaro); Juan José Sforza (abogado de los directores de Cometrans S.A.); Martín Clemente (abogado de los directores de TBA S.A.); Mariano Fragueiro Frías (abogado de los gerentes de TBA S.A.) y Valeria Corbacho (defensora del motorman Marcos Córdoba); que demorarán varias semanas.
Por eso, se espera que el Tribunal haga público su veredicto en noviembre, y luego en diciembre informe los fundamentos del fallo.
Por el accidente de Once, están imputados el motorman Marcos Córdoba junto a otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT Antonio Eduardo Sícaro y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento. El ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, que también estaba imputado falleció en mayo de este año.