Hurlingham

Un fiscal pide investigar a Acuña por el caso de los policías exonerados

Patricio Evers solicitó que se inicie una causa penal contra el intendente por haber contratado a efectivos exonerados de la Bonaerense en la policía municipal.

El fiscal federal Patricio Evers solicitó que se inicie una causa contra el intendente de Hurlingham por el caso de los policías exonerados que contrató el municipio para formar parte del Comando de Operaciones Municipales.

 

El pedido de acción penal contra Luis Acuña por facilitar y entregar armas de guerra a ex efectivos de la Bonaerense realizado por Evers recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, a cargo del juez Sebastián Ramos en el edificio de Comodoro Py.

 

En el reclamo, Evers pidió que además de Acuña se investigue el accionar de Gustavo Triemstra, director de Asuntos Jurídicos, y Jorge Zapata, responsable de la Dirección de Seguridad. Triemstra está casado con la Fiscal de Instrucción de la UFI 4 Morón Valeria Courtade, quien generalmente interviene en casos relacionados con Hurlingham.

 

En la denuncia, que fue formulada por la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre”, se indica que el intendente contrató a policías exonerados de la fuerza provincial, entre ellos a Gustavo Alberto Contreras, a cargo de la seguridad urbana del municipio. Contreras había sido dado de baja en los términos del artículo 59 inciso 7 del Decreto-Ley 9550/80, que sanciona todo acto que afecte gravemente el prestigio de la institución o la dignidad del funcionario.Además de Contreras, las fuentes indicaron que en la policía municipal no solo prestan servicio ex efectivos de la Bonaerense, sino que también trabajan policías exonerados de la Federal.

 

Lo preocupante de esta situación que puso en alerta a los vecinos de Hurlingham y a varias organizaciones de Derechos Humanos es que los policías desplazados portan armas sin contar con autorización legal del Registro Nacional de Armas (Renar).La decisión de sumar policías con antecedentes por corrupción y faltas de servicio graves fue tomada por el actual intendente Luis Acuña, quien firmó los contratos de los nuevos agentes que controlan la seguridad de los vecinos del municipio que conduce.

 

Este no es el único frente judicial que debe afrontar el actual y cuestionado intendente de Hurlingham. Acuña y su familia (su esposa Azucena y sus hijos Fabrizio, Emiliano y Silvina) están siendo investigados por presunto lavado de dinero, ya que serían dueños de una importante cantidad de propiedades que se presentan a nombre de la empresa FASIEM. La SRL familiar presenta una dudosa economía que da pérdidas anuales, además de no poder constatar de dónde obtiene el dinero para sus adquisiciones.

 

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que encabeza el fiscal Carlos Gonella presentó una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 1 de Morón, a cargo del magistrado Juan Pablo Salas, en la que interviene el fiscal Sebastián Basso por presunta infracción a la Ley 24.769. A fines de 2014, Basso dictaminó que en la denuncia había “un grado de certeza importante sobre la existencia de una masa de activos alrededor del grupo familiar de Acuña”.

 

El juez Salas libró exhortos a Brasil y a Uruguay para determinar si la familia de Acuña posee propiedades y activos sin declarar en el exterior.

 

El panorama judicial no es muy alentador para Acuña quien ya recibió un golpe muy fuerte en las urnas al ser derrotado por más de 15 puntos en las PASO del 9 de agosto pasado, poniendo en serio riesgo su continuidad en el poder.

 

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