Fue luego de un debate que se extendió durante ocho horas con leyes que fueron tratadas en un único debate pero votadas por separado.
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Fue luego de un debate que se extendió durante ocho horas con leyes que fueron tratadas en un único debate pero votadas por separado.
Se establecieron los plazos y la forma en que se aplicará el nuevo Código, que instituye para el procedimiento judicial el sistema acusatorio, en el que las investigaciones son dirigidas por los fiscales y no por los jueces, como funciona actualmente.
La ley de implementación del Código Procesal Penal obtuvo 133 votos a favor, 81 en contra y 3 abstenciones; la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal tuvo 130 a favor y 88 en contra, mientras que la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa consiguió 163 a favor y 55 rechazos.
Por otro lado, también se aprobaron una Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, con 130 votos a favor y 88 en contra, y otra que modifica el Código Penal en los artículos referidos a la extinción de la acción penal y suspensión del juicio a prueba, con 187 a favor, 29 en contra y 2 abstenciones.
Según informa la agencia de noticias NA, la iniciativa más criticada por la oposición fue la que se refiere al Ministerio Público Fiscal, encabezado por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, cuestionada por su presunto alineamiento con el Poder Ejecutivo.
Diana Conti acusó a la oposición de "hundir la democracia" y agregó que "es ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria diciendo que queremos cooptar la Justicia buscando impunidad".
"No necesitamos ninguna impunidad, el pueblo necesita una Justicia penal rápida, juicios transparentes y orales, fiscales que caminen al lado de las víctimas", afirmó la diputada del Frente para la Victoria.
Por su parte, la precandidata presidencial Margarita Stolbizer, evaluó que esa iniciativa "busca impulsar en la Procuración General un poder ilimitado y sin controles".
Entre los puntos principales del paquete de proyectos, se encuentra la fecha de entrada en vigencia, que originalmente era el 1 de septiembre de 2015 y luego del debate de la Comisión Bicameral que analizó las iniciativas se postergó para el 1 de marzo.
Los proyectos establecen además que el nuevo Código empezará a regir para la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y que será la Comisión Bicameral la encargada de monitorear la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo.
La Comisión será asistida por una secretaría técnica y un comité asesor integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.