El bochorno vivido en la cancha de Boca el último jueves por Copa Libertadores volvió a reflotar el tema de la violencia en el fútbol. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, tomó protagonismo como nunca antes en el tema y hasta salió a pedir que se intervenga la AFA. "Yo si quieren lo soluciono, se la intervengo, dame la AFA, yo te la manejo", expresó el funcionario en El show del fútbol, el último domingo por la noche.
En este contexto, desde la secretaría de Deportes bonaerense volvieron a exigir que el Congreso trate la ley antibarras presentada el año pasado, que después de muchas idas y vueltas se transformó en un proyecto más abarcativo, de "seguridad en el fútbol", que precisamente fue redondeado por Berni, y que aún está en veremos.
Según pudo saber Letra P, el gobernador Daniel Scioli bajó la orden de que el tratamiento sea cuanto antes. Tanto a Alejandro Rodríguez como así también al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. En este sentido, gente del gobierno provincial se reunió con Domínguez el sábado pasado y concretamente le pidieron que acelere el tratamiento, cosa que ya había prometido días atrás.
Pero el problema es que el oriundo de Chacabuco está inmerso en su campaña como precandidato a gobernador, y por ende resolvió por el momento encomendarle a sus asesores la cuestión de este proyecto de ley. "Julián dijo que le había encomendado a su gente que se ponga con eso, porque él estaba metido en su campaña", comentaron desde el gobierno bonaerense. A raíz de esto, el titular de la Cámara baja quedó en mandar a un asesor de él a coordinar una reunión con el sciolismo para esta semana.
"El proyecto está en proceso aún porque se está redactando con el aporte de diputados oficialistas y opositores, además de la secretaría de Seguridad, porque tiene que ser consensuado", le dijeron a este medio desde Diputados. En este punto hay malestar en La Plata porque creen que en el Congreso no tienen la voluntad para ir a fondo con este tema.
Y otro punto central es que a pesar de estar haciendo fuerza para que se trate la ley, los sciolistas impulsan el proyecto en una mezcla de resignación y cierto pesimismo, porque el proyecto que se va a tratar no es el original ideado por ellos y presentado en su momento por Martín Insaurralde. Es que tras un feroz ida y vuelta que incluyó ataques por parte de la ultrakirchnerista Diana Conti, el espíritu del plan sufrió una transformación que derivó en este resultado final, en donde desde la secretaría de Seguridad de la Nación le explicaron a este portal que "se trata de algo más integral y no solamente hace referencia a los barras, por eso lo llamamos proyecto ´de seguridad deportiva´".
Uno de los puntos centrales es que el Estado busca ser el que elabore y aplique los listados del derecho de admisión, desligándole esa responsabilidad a los dirigentes.
"El proyecto de Berni agrega un montón de cuestiones que están buenas, pero no modifica el Código Penal y esa es la diferencia sustancial", reniegan desde el gobierno provincial. Es que lo que buscaba Alejandro Rodríguez era tipificar el delito de barrabrava y combatir la reventa de entradas, metiendo mano en el Código Penal -cosa que fue descartada por Conti por considerarla "estigmatizante"-. "Nuestro proyecto era más escueto pero iba más al hueso", compararon, remarcando además que la nueva letra lo que hace es proponer la creación de leyes complementarias, y esto en cierto punto desmotiva al secretario de Deportes bonaerense, porque considera que no es la dureza que había propuesto originalmente, en su cruzada por "ir a fondo y meter presos a los barras".
En las negociaciones entre sciolistas y ultrakirchneristas participó como enviado de Scioli el ministro de Justicia Ricardo Casal. Él fue quien terminó por ultimar los detalles, en conjunto con Berni.
De esta manera, y en plena discusión mediática una vez más por este problema de eterno debate y en donde parece quedar cada vez más lejos una solución, los tironeos entre dirigentes -insólitamente ahora todos de un mismo partido- postergan el tratamiento de un proyecto de ley que duerme en el Congreso desde hace más de un año, mientras los escándalos en las canchas y alrededores se suceden mes a mes.
