A 2 años de la inundación en La Plata, las asambleas de damnificados volvieron a la justicia para considerarlos penalmente responsable tanto al intendente como al gobernador de las muertes del 2 y 3 de abril acontecidas producto de la inundación del 2013.
También se pide el mismo mecanismo para los funcionarios municipales, Santiago Martorelli (jefe de gabinete local), Enrique Sette (jefe de espacios públicos de la municipalidad) y los ministros bonaerenses, Ricardo Casal (en ese entonces al frente de Seguridad), Alejandro Arlía y Alejandro Collia.
Según la información a la que pudo acceder el portal especializado Tinta Judicial. Los hechos criminales de discriminan en 3 momentos. Por un lado, “acciones y omisiones llevadas adelante con anterioridad al día 2 de abril de 2013”, por el otro los “hechos ocurridos el 2 y 3 de abril y finalmente “los hechos ocurridos con posterioridad al 2 y 3 de abril”.
En el pedido -presentado ante el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini- los familiares de las víctimas, el colectivo de abogados y la asamblea Barrial Castelli y San Martín entienden que en las acciones y omisiones previas al 2 de abril “las autoridades municipales y provinciales tenían en su poder pleno conocimiento de que existían condiciones de posibilidad para que se realice lo que finalmente ocurrió y para evitarlo resultaba necesario el despliegue activo de distintas esferas del Gobierno provincial y municipal, para llevar adelante las obras hídricas–hidráulicas solicitada”. Para ello se nutren de los informes realizado años anteriores por la Universidad Nacional de La Plata.
En cuanto a los hechos concretos del día de la inundación, la presentación, indica que hubo una ausencia total de un plan de contingencia. “La capacidad de respuesta frente a las inundaciones puede ser incrementada con la implementación un plan de contingencias climáticas y sociales que incluya sistemas de alerta temprana, modificaciones en la red de estaciones de observación meteorológica, planes de evacuación y reconstrucción, y otras medidas preventivas, como elaboración de mapas de riesgo, que puedan tener un rápido impacto en la reducción de pérdidas tanto humanas como materiales”. Según los demandantes la falta de contingencia influyó en 11 de las 89 muertes.
Finalmente sobre los sucesos posteriores se pone el énfasis en que lo único que ocurrió fue la “militarización” de la ciudad, en lugar de acciones concretas para salvar vidas y aminorar las consecuencias sanitarias como por ejemplo un plan sanitario acorde a la situación, la convocatoria a médicos de otros hospitales de la provincia, otorgamiento de recursos para asistir a los damnificados, designación de psicólogos para brindar asistencia, la realización de un censo sanitario poblacional entre otras medidas.
Con todo, Pablo Bruera, Daniel Scioli y funcionarios municipales y bonaerenses vuelven a ser el blanco de acusación por las asambleas de inundación. A 2 años de aquella trágica inundación en la capital provincial, la conclusión que hacen desde las organizaciones es la preocupación por el poco avance en la causa penal que analiza la responsabilidad de las autoridades.