En el fallo fue votado por mayoría. Los jueces Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que “el demandante carecía de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas”, y que “los planteos resultaban conjeturales e hipotéticos, dado que las armas no habían sido adquiridas”.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, había avalado una medida de primera instancia de un ciudadano que pedía que “se impidiese a la Policía Metropolitana el uso de esas armas por considerarlas un elemento de tortura”.
Lozano sostuvo que ese planteo “parte de suponer que la Ciudad no va a tener en cuenta, en el caso de que decidiera dotar a su personal policial del arma Taser, las recomendaciones del Comité contra la Tortura; dicho en otras palabras, la Cámara presupone que la Ciudad no va a generar, por ejemplo, los protocolos del uso del arma que nos ocupa o que esos protocolos no van a tener en cuenta las recomendaciones del Comité”.
En ese marco, observó que la utilización legítima de las Taser X26 por parte de la Policía debe estar precedida de un protocolo que restrinja su utilización a aquellos casos en que resulta legítimo el uso de las armas de fuego, “sin extender el empleo de la violencia injustificada”.
La Taser X26 es un dispositivo paralizador temporal disuasivo que utiliza cartuchos de nitrógeno comprimido para disparar dos dardos que transmiten por intermedio de cables conductores unidos al arma pulsos eléctricos que inmovilizan las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico del individuo que recibe la descarga.
El sujeto queda paralizado temporalmente tras recibir los dardos, que son capaces de penetrar hasta dos centímetros de ropa y alcanzar una distancia superior a los 10 metros mediante los cables.
Especialistas de Naciones Unidas (ONU) y de Amnistía Internacional advirtieron que estas armas constituyen “una forma de tortura que puede causar, en ciertos casos, la muerte de las personas”.