La recuperación del Fondo Hídrico de Infraestructura para el sector rural es el primer reclamo que los productores del campo les hicieron saber a los candidatos a la gobernación bonaerense.
El pasado jueves, en la sede de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, (Carbap), las autoridades de la entidad recibieron a tres de los cinco postulantes, y les hicieron saber su posición. Estuvieron Jaime Linares por Progresistas; Eugenia Vidal por Cambiemos y Felipe Solá por UNA.
En 2001, como consecuencia de las fuertes inundaciones que azotaron el país, se creó, por el decreto 1381, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica para realizar obras en zonas rurales.
Este fondo se iba a nutrir de la tasa de combustible, creada para la ocasión. En 2001 se utilizó el total de lo recaudado (47.781.256,06) para zonas camperas, al igual que en los dos años siguientes. Pero en 2006 el monto asignado de 3.985.215,98, fue trasladado a zonas urbanas, especialmente al Gran Buenos Aires. Y así continuó hasta 2009, donde la desproporción fue evidente. Ese año, del total, el campo recibió el 3,48 por ciento. En 2010 el 9,4 y en 2011 el 1,46.
En la mayoría de los casos, el dinero que no fue utilizado para obras hídricas en el interior, fue destinado al saneamiento de arroyos, y obras menores en el conurbano.
Los cambios respondieron a decisiones políticas que vieron en el gran Buenos Aires, un territorio superpoblado, con mayor caudal electoral.
Por eso, la presidenta, Cristina Fernández, “corrigió” la norma inicial, para dejar rubricado que esos fondos podían ser utilizados en todo el territorio.
La crueldad de las recientes inundaciones que dejaron bajo el agua una gran cantidad de municipios del norte y centro de la provincia, fueron adjudicadas por los ruralistas, a “las obras que no se hicieron con esos fondos programados”.
Por eso, les pidieron a los candidatos que recuperen ese Fideicomiso para el interior. En este paquete, se incluyó al plan maestro de la cuenca del Salado, que se había iniciado en 2002, con la proyección de tiempo hasta 2012. Pero la mega obra se encuentra demorada, y solo fue ejecutada en un 60 por ciento.
En un segundo punto, los productores agropecuarios reclamaron la ejecución del plan de desarrollo del sudoeste bonaerense, creado por ley 13.647, y promulgado en 2007.
La iniciativa había sido gestada a partir de la necesidad de generar proyectos concretos para una región que históricamente era considerada en “emergencia y desastre agropecuario”.
Pero la norma, que incluía la creación de un consejo regional y un fondo especial de financiamiento, nunca fue ejecutada.
En los hechos, los presupuestos asignados a lo largo de los años fueron desviados, o, en el mejor de los casos, sub ejecutados.
En un tercer punto del reclamo rural, figura la revisión de lo que se conoció como el “impuestazo” del gobernador, Daniel Scioli, aprobado en 2013.
Se trata del “impuesto inmobiliario complementario”, que obliga a los contribuyentes con propiedades de igual valuación a pagar una suerte de “extra”.
“Queremos solicitar desde Carbap la máxima y efectiva ponderación del impacto que esta metodología que hoy se aplica tiene en los pequeños y medianos productores", aseguraron desde la entidad.
En el informe entregado a los candidatos, se incorporan ejemplos concretos sobre el fuerte incremento impositivo que este “complementario” genera en los productores.
Los tres puntos, fueron entregados a los postulantes que asistieron a la convocatoria, y enviados por mail a los que no asistieron, que fueron, Aníbal Fernández, postulante por el Frente para la Victoria; y Néstor Pitrola, por el FIT.
Los productores del interior bonaerense, se aseguraron que el próximo gobernador o gobernadora, tenga en mano los reclamos que, a partir del próximo diciembre, se encargarán de reiterar.