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Letra P.- El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, rechazó habilitar la feria judicial para tratar la medida cautelar pedida por legisladores opositores. Pedían frenar la designación de Laureano Durán, el magistrado que quedó a cargo de la justicia electoral de la Provincia de Buenos Aires luego del fallecimiento de Manuel Blanco.
Redacción 13/01/2015 16:28

El mismo juez que días atrás le frenó la designación de 16 fiscales subrogantes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dando lugar a una cautelar presentada por el diputado massista, Mauricio D’Alessandro; esta vez no avaló el pedido de la oposición de levantar la feria judicial propia de enero.

Es que los diputados, Adrián Pérez (Frente Renovador), Pablo Tonelli (PRO) y Ricardo Alfonsín (UCR), entre otros habían pedido que se suspenda la designación de Durán y que se reestablezca a Adolfo Ziulu en su cargo, que era el juez que estaba subrogando en el juzgado ante la ausencia de Blanco.

“Los argumentos esgrimidos para fundar la solicitud de habilitación de la feria judicial no revisten -en este caso- suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida”, dice la resolución de Lavié Pico que este martes se dio a conocer.

Laureano Durán fue designado por el Consejo de la Magistratura como juez subrogante del juzgado federal 1 de La Plata, con siete votos a favor –incluido el de la presidenta del Consejo Gabriela Vázquez- contra 6 en contra.

Designado Durán, la oposición consideró que el joven funcionario no tenía experiencia para manejar la justicia electoral de la Provincia de Buenos Aires en un año de elecciones y en el territorio de mayor peso político y poblacional del país. Por eso, habían presentado la cautelar; ya que Durán antes de ser electo al frente del juzgado se desempeñaba como secretario de la Cámara Federal de La Plata.

Ahora la oposición deberá esperar hasta febrero cuando se levante la feria judicial, para conocer si la cautelar presentada correrá con la misma suerte que tuvo el freno a Gils Carbó o no. Mientras tanto en lo que resta de enero, el caso no será tratado.

Un pedido similar había sido rechazado. Fue el planteo de la ONG, Asociación por los Derechos Civiles (ADC). La Corte Suprema no había dado lugar al requerimiento de la ADC por entender que la “superintendencia” no es la adecuada para declarar inconstitucional una resolución del Consejo de la Magistratura y, al mismo tiempo, consideró que la ADC carecía de “legitimación activa” para formular tal pedido.