La jugada de la oposición para evitar el tratamiento y la aprobación del nuevo Código Civil el miércoles en la Cámara de Diputados provocó la reacción del Gobierno, que consideró, a través del ministro de Justicia, Julio Alak, que “es llamativo que quieran impugnar el dictamen de la Comisión Bicameral”, que fue integrada por representantes de todos los partidos.
Según el ministro, el trámite legislativo, “se ajusta estrictamente al reglamento de la Cámara de Diputados y a la ley 13.640, que establece las causales de caducidad de los proyectos de ley y, en su artículo 2, exceptúa especialmente a los proyectos de códigos”, dijo el ministro. La diputada Elisa Carrió presentó el lunes un recurso de amparo para frenar el tratamiento del Código, en tanto que los diputados del radicalismo presentaron una nota al presidente de la Cámara, Julián Domínguez, para pedirle que se abstenga de llamar al tratamiento del tema, previsto para el día miércoles.
El proyecto de reforma del Código fue aprobado en el Senado a fines de noviembre de 2013, y pasó para su tratamiento a la Cámara de Diputados, donde quedó congelado hasta que, la semana pasada, la Presidenta instruyó a sus diputados para que fuera aprobado sin demoras, tal como sucederá en la sesión de mañana. La orden de Cristina llegó después de la reunión que la primera mandataria tuvo en Roma con el papa Francisco. La Iglesia tuvo una gran influencia en las modificaciones que se introdujeron al proyecto original del Código, que había redactado la comisión presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, guiada por la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer de Carlucci.
Con los cambios realizados, el Código pasó a Diputados, donde ahora la oposición reclama que debió haber sido tratado en comisiones antes de llegar al recinto. Pero el Gobierno considera que ese trámite fue saldado cuando se creó la Comisión Bicameral especial que requería un proyecto de esa magnitud.
De esa comisión, compuesta por 15 diputados y 15 senadores, participaron – con la misma proporción de representación existente en el Congreso- todas las fuerzas políticas: kirchneristas, radicales, legisladores del Frente Amplio UNEN y del Pro. Por ese motivo, en el oficialismo ahora acusan a la oposición de estar cuestionando u n trámite del que ella misma participó. “Es llamativo que la oposición quiera impugnar el dictamen de la Comisión, que fue creada por ley del propio Congreso e integrada por representantes de esa misma oposición”, dijo el ministro de Justicia. Además, Alak cuestionó la impugnación judicial de las iniciativas tratadas en el Congreso. “Desde 1893 la Corte Suprema viene señalando que las cuestiones políticas no son justiciables”, afirmó.