Centros maternales y jardines de infantes comunitarios pasarán a depender de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. Los responsables de estas instituciones educativas, que hasta ahora fueron consideradas “no formales”, serán incorporados al estatuto docente más allá de poseer o no el título.
La impulsora del proyecto fue la diputada del Frente para la Victoria Alicia Sánchez, pareja de Luis D’Elía, y aprobada en el Senado de la provincia de Buenos Aires el miércoles 10, un día antes del Día del Maestro, con el apoyo de la UCR, Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro. El Frente Renovador fue el único bloque que votó en contra de la ley en el Senado.
En una cláusula transitoria, la ley prevé que para los jardines comunitarios que tengan educadores sin título docente en las salas de 4 y 5 años, la Dirección General de Cultura y Educación “promueva las medidas conducentes para que obtengan titulación correspondiente”, para lo cual valorará especialmente “la experiencia, validación y capacitación”.
Además, prevé la creación de nuevas escuelas comunitarias que deberán contar con docentes con título oficial para las salas obligatorias (las de 4 y 5 años), pero no para el resto de las salas, desde los 45 días a los 3 años.
Según la ley, un educador comunitario es “quien emerge de la comunidad para abordar procesos educativos y desde allí dar respuesta a las necesidades pedagógicas contextualizadas, encontrándose incluido en procesos de formación continua y supervisión especializada”.
El objetivo de la norma, que todavía no fue promulgada, insiste en la inclusión. El artículo 4 desarrolla los objetivos respecto de los centros comunitarios, que hoy llegan a unos 350, para que den “respuestas colectivas a las necesidades educativas insatisfechas y se orienten hacia un objetivo transformador de las realidad circundante, promuevan la inclusión social y propicien la praxis horizontal”.
Veto provincial y críticas
El Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Néstor Ribet, anunció que el gobierno de Daniel Scioli vetará la Ley de Incorporación de la Modalidad de Educación Comunitaria al Sistema de Educación Formal. En declaraciones periodísticas, el funcionario planteó que “la posición del poder Ejecutivo es que para estar al frente de alumnos, hay que tener formación pedagógica”.
Asimismo, adelantó que “si bien la ley debe ser analizada, la Dirección de Escuelas y el gobierno provincial no van a ceder en este punto. Si hay que vetar la ley, se vetará. La normativa es muy clara respecto de quien puede y no puede estar a cargo de los alumnos”.
“Los estatutos, la Ley de Educación y la tradición de la provincia de Buenos Aires establecen que quien esté al frente de los alumnos tiene que tener el título correspondiente. Éste es el principio y no creo que el Poder Ejecutivo se pueda apartar. Como Estado hay que velar para que quien esté al frente de alumnos haya tenido la formación y la acreditación que corresponde”, indicó el funcionario de la cartera educativa provincial.
Ribet detalló que “durante el tratamiento de la ley, la Directora General de Cultura y Educación, Nora de Lucía y su gabinete, nos hicimos presentes en ambas comisiones de educación de la legislatura -diputados y senadores-, para manifestar nuestra oposición sobre este tema, y aunque somos respetuosos de la división de poderes, advertimos que no se autorizará a estar al frente de alumnos a personas que no tengan la formación necesaria y el título correspondiente”.
Por su parte, el subsecretario de la jefatura de Gabinete bonaerense, Carlos Gianella, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que “La provincia va a vetar la ley 79413/14 con la que no estuvimos de acuerdo durante su tratamiento. Queremos docentes que estudien”, anticipó el funcionario segundo de Alberto Pérez.