Las ex máximas autoridades de Energía de las administraciones democráticas que pasaron desde 1983 hasta 2003 destacaron que la movida del gobierno constituye “un apurado intento de reformar el régimen legal de los hidrocarburos que está reñido con los requerimientos técnicos-económicos y con el funcionamiento republicano”.
Tras señalar que se oponen a “ la forma, al modo y al tiempo en que se intenta llevar a cabo la reforma”, los ex secretarios alertaron que “de ninguna manera puede aceptarse que el debate que se impulsa ahora quede circunscripto exclusivamente a lo que puedan acordar un gobierno nacional que finaliza próximamente su mandato y gobernadores de provincias petroleras, cuyos mandatos también caducan en 2015”.
El nuevo documento que suscribieron los ex funcionarios del área energética Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco hace foco en los siguientes cuestionamientos:
# El proyecto de ley que promueve el Poder Ejecutivo reitera los vicios subrayados en el acuerdo formalizado con Chevron en 2013 y procura generalizar un régimen de prórrogas discrecionales de las concesiones permitiendo decisiones perjudiciales al interés público. Además, convalida intereses asociados a la urgencia y a las necesidades de una crisis que la propia política del gobierno generó, vulnerando las facultades derivadas del dominio originario que hoy corresponde a las provincias.
# Se quiere prorrogar por 10 años los plazos de todas las concesiones a cambio de un mayor porcentaje de regalías que pasa en las áreas prorrogadas del 12 % al 15%. Esto extiende el “statu quo de posesión” de las áreas por parte de las empresas que hoy las detentan a partir de las privatizaciones de 1992. Dicha prórroga es inadmisible para la actual ley de hidrocarburos, ya que ésta procede solamente en el caso de que el concesionario haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones contractuales. Además, viola la regla de la competencia licitatoria, que es siempre necesaria para identificar las mejores ofertas entre los inversores dispuestos a ofertar para acceder a la adjudicación de esos derechos.
# El proyecto le otorga a los titulares de áreas convencionales “la opción exclusiva” de solicitar una nueva concesión no convencional por 35 años. Los plazos de concesiones ya prorrogadas que se solapen con el área de las concesiones no convencionales se extenderían, en algunos casos, a 35 años a partir de 2027. Por esa vía, los nuevos plazos podrían llegar hasta el año 2062 sin necesidad de licitación o concurso alguno, lo cual implica el otorgamiento de concesiones casi a perpetuidad.
# Los cambios en juego dan estatus legal a los polémicos beneficios que se otorgaron por decreto al convenio que suscribieron YPF y Chevron y que hasta ahora no se conoce en su totalidad.
Ante este panorama, los ex secretarios salieron a reclamarle a los legisladores y a los gobiernos provinciales que “rechacen por improcedente e inconveniente el proyecto de reforma parcial a la ley de hidrocarburos” que pretenden imponer Galuccio y la administración kirchnerista.
Si bien consideran que es necesaria una nueva ley “para revertir la declinación productiva y recuperar el autoabastecimiento energético”, los ex secretarios remarcaron que ese paso deberá darse a partir de 2016, cuando no manden las urgencias electorales y haya otro gobierno al frente de la Casa Rosada.