Kicillof, De Vido, Techint y Eurnekian en la mira por la explosión del gasoducto en Córdoba

El viernes, horas antes del mediodía, la localidad mediterránea de Pilar se vio sacudida por una poderosa explosión en el gasoducto que suministra combustible a las usinas térmicas “Zanichelli y Bicentenario”. Por causas que aún desconocen, el ramal de enlace del gasoducto de TGN que llega hasta la estación de rebaje próxima a las centrales estalló en forma sorpresiva, provocando la muerte de un productor agropecuario que pasaba por el lugar y heridas de distintas consideración a otras siete personas que estaban en las adyacencias del predio cercano a la autopista Córdoba-Rosario y la intersección con la ruta provincial 13.

Detrás del trágico accidente –que ahora está bajo investigación de la justicia federal de Villa María–, se entremezclan una serie de factores económicos, regulatorios y contractuales que ponen de manifiesto una grave desatención de las autoridades nacionales y un crítico estado de la infraestructura energética que no ha recibido en los últimos años todas las inversiones que necesitaba.

La empresa TGN opera con una concesión que está literalmente en la nebulosa. Pese a que fue renegociado en 2006, el nuevo contrato de concesión de TGN aún no fue puesto plenamente en vigencia por la administración kirchnerista. Tras haber entrado en default a fines de 2008 con sus acreedores privados de Obligaciones Negociables (ON), TGN fue intervenida por el Gobierno y desde entonces tiene instalado en su directorio a Roberto Pons, el veedor y fiscalizador que designó el ministro De Vido. Los ingresos de la empresa están congelados desde 2003 y las inversiones anuales que lleva adelante son las mínimas e imprescindibles para mantener la operación de los gasoductos.

Por el lado del Gobierno, las responsabilidades por la actual situación que enfrenta TGN se reparten entre Kicillof y De Vido. Desde 2012, el actual titular del Palacio de Hacienda y gurú económico de La Cámpora viene negando la autorización oficial para que TGN pueda actualizar parte de sus ingresos con un ajuste tarifario o con una compensación estatal.  Por su parte, De Vido tiene bajo su órbita tanto al interventor Pons (que ya lleva casi seis años en su tarea de vigilador interno de la empresa), como  al titular del ENARGAS, Antonio Pronsatto, quien es el encargado de controlar el cumplimiento de las inversiones y el estado de las redes de gas.

El accidente también roza a la eléctrica estatal cordobesa EPEC y a la ANSES. El siniestro le impedirá a la compañía mediterránea poder operar al máximo sus usinas que dependen del gasoducto averiado. Por ese motivo, no podrá cumplir con el contrato de abastecimiento que tiene firmado con la CAMMESA –la administradora del sistema eléctrico nacional–, el cual prevé fuertes multas si no se concreta la entrega de toda la energía y potencia comprometidas.

En el caso de la ANSES, el incumplimiento de la EPEC pondrá en riesgo el cobro de las cuotas correspondientes a la devolución de los fondos que el organismo previsional presidido por Diego Bossio aportó para la construcción de la nueva central de ciclo combinado de Pilar.

En el plano judicial, la magistrada federal, Virginia Carmona, que quedó a cargo de la causa ya anticipó que llevará bastante tiempo poder determinar qué fue exactamente lo que provocó la explosión.

Pero, más allá de la explicación técnica que se pueda obtener, lo que ha comenzado a preocupar a los empresarios y funcionarios es que –al igual que en la investigación por la tragedia de Once– también queden sobre el tapete la irregular situación operativa y los incumplimientos contractuales de ambas partes.