El fiscal Horacio Azzolin rechazó una declaración de “incompetencia” del juez de instrucción Pablo Ormaechea y le reiteró el pedido de medidas de prueba para determinar si los jueces de Casación Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell (quien renunció al cargo) y Mariano González Palazzo (hoy en la Cámara del Crimen porteña) participaron de la maniobra.
En la feria judicial del verano de 2011, fue descubierto un manejo según el cual un ex agente de inteligencia, con la ayuda de un ex juez federal, un empleado judicial y dos directivos del gremio ferroviario intentaron utilizar sus influencias y contactos para manipular la formación de una sala de la Cámara de Casación, con el objetivo final de liberar a los por entonces siete detenidos por el crimen.
De esa manera, habrían conseguido que todos tramitaran el proceso en libertad, y de esa manera se evitaba la detención de José Pedraza, que se concretó en febrero de 2011.
Por esos hechos están procesados y en camino a juicio oral el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, el ex empleado judicial Luis Ameghino Escobar hijo, el contador de la Unión Ferroviaria Ángel Stafforini, el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme y el propio Pedraza.
El fiscal Azzolin consideró que la declaración de “incompetencia” de Ormaechea es “un estéril dispendio jurisdiccional en detrimento del adecuado funcionamiento del servicio de justicia”, y recordó que el Ministerio Público “viene solicitando desde hace mucho tiempo que el Poder Judicial empiece a transitar la línea de trabajo” que lleva hacia los jueces, “sin haber recibido hasta ahora respuestas claras y en tiempo oportuno”.
“Los rechazos escasamente fundados primero, los apartamientos de jueces luego y la nueva declinación de competencia ahora lo único que hacen es demorar la investigación de uno de sus aspectos más importantes: la eventual responsabilidad de magistrados de la casación en el caso”, explicó Azzolin.
El fiscal busca determinar si la maniobra se urdió sin conocimiento de los jueces (con lo cual sería “tráfico de influencias” sin participación de ellos) o con conocimiento (lo que redundaría en “cohecho pasivo en grado de tentativa”).
“En el sumario se han recolectado indicios suficientes para sospechar que los contactos con los jueces para influir en su decisión podrían haberse generado en forma contemporánea al sorteo –ocurrido en enero de 2011– o incluso antes”, advirtió el fiscal, quien señaló que el anterior juez de la causa, Luis Rodríguez –luego ascendido a juez federal– fueron realizadas medidas de prueba “pero justo las que pretendían ingresar de una manera directa en el comportamiento de los jueces de la casación fueron rechazadas”.
El fiscal reclamó la declaración testimonial de la jueza de la Casación Ángela Ledesma, la de los empleados de la vocalía de la Cámara “correspondiente a Eduardo Riggi, y de aquella que otrora titularizara Mitchell, con el objeto de que se pronuncien sobre los encuentros personales, llamados telefónicos y cualquier otra forma de contacto que los nombrados hubieran tenido con los imputados en el sumario -la convocatoria deberá indicar el apersonamiento con las agendas judiciales y anotaciones de que se dispusieren”.
Además, propuso “verificar si un descendiente de Eduardo Riggi se vio beneficiado con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada”, y para ello consideró que “resultaría conducente requerir al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la información concerniente a créditos otorgados a, o solicitados por, aquellos”.