A medida que los gobernadores de las provincias petroleras iban llegando a la Casa de Chubut, en el micro centro porteño, sus caras delataban el efecto del fallo adverso que la Argentina obtuvo en la Corte Suprema de los Estados por la demanda de los fondos buitres.
Si hasta el domingo reinaba el entusiasmo y las conversaciones para llegar a una propuesta unificada para crear un nuevo régimen de hidrocarburos corrían por carriles aceitados, la preocupación que llegó desde el norte puso sus diferencias al desnudo. Las urgencias de todos quedaron sobre tapete y a lo máximo que se arrimó fue a patear una definición al menos unos días, hasta que el horizonte aclare.
Varios de los mandatarios que ayer llegaron a Buenos Aires para reunirse con el Gobierno nacional, en el marco de la negociación abierta para diseñar una nueva ley de hidrocarburos, tenían todo encaminado en sus provincias para emitir deuda en dólares. Y el fallo que devuelve la causa buitre al juez de Nueva York Thomas Griesa fue un duro revés: si buscaban endeudarse en tasas en torno al 11% o 12%, esa posibilidad empieza a esfumarse.
En algunos casos, las urgencias son graves, ya que los fondos no son para obras de infraestructura sino para tapar gruesos baches fiscales. Uno de los más golpeados es el mendocino Francisco “Paco” Pérez, quien tenía en marcha la emisión de un bono por U$S 200 millones.
Las cuentas provinciales, con un déficit estimado para este año por encima de los U$S 1.000 millones, ya habían sufrido el impacto de la suspensión de las inversiones mineras de la brasileña Vale. A eso se le suman las dificultades que están teniendo para desarrollos petroleros de riesgo, ya que en suelo mendocino se extiende una porción de Vaca Muerta, explotación no convecional que requiere millonarias inversiones para desarrollo y exploración, y yacimientos de petróleos pesados.
El brusco cambio en el contexto internacional abrió gruesas grietas entre las provincias miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Por un lado quedaron los que tienen potencial de desarrollo no convecional, como Neuquén, Chubut o Mendoza, y por el otro los gobernadores de distritos con menor capacidad petrolera. Los primeros, encabezados por el neuquino Jorge Sapag, fueron los que expusieron la posición más dura.
El resto, como Tierra del Fuego, Salta o Santa Cruz, está ansioso por aprobar un marco de promoción industrial que favorezca el ingreso de inversiones y de fondos a sus flacas cuentas públicas. “Necesitamos un plan nacional de promoción petrolera urgente”, explicaron fuentes de la negociación. “Porque si no tenemos esto y el contexto externo se sigue complicando, la vamos a pasar muy mal”, ampliaron.
Borrador y contrapropuesta
La semana pasada, el Poder Ejecutivo entregó a los gobernadores de la Ofephi un borrador diseñado por el titular de YPF, Miguel Galuccio, donde exponía los lineamientos generales que buscarán plantear en la nueva ley de hidrocarburos.
Consta de dos partes esenciales. Por un lado, convertir en ley los decretos 927 y 929 firmados el año pasado, en el marco del acuerdo de YPF con Chevron para explotar Vaca Muerta. Básicamente, se trata de importantes beneficios fiscales, como la suspensión de retenciones y libre disponibilidad de divisas sobre el 20% producido a partir del quinto año o la eliminación de impuestos a la importación de materiales para la explotación.
En el borrador se bajaba el mínimo de inversiones de U$S 1.000 millones (cifra que figuraba en el decreto 929/13) a U$S 250 millones, con el fin de meter más actores en el mercado y beneficiar la competencia interna.
Lo más conflictivo era la segunda parte. Galuccio impulsó medidas como las regalías como único mecanismo de captación de la renta petrolera para poner fin al sistema de “carry”, mediante el cual las provincias licitan áreas con la condición de que las concesionarias entreguen hasta el 20% de la participación accionaria en el yacimiento a las petroleras provinciales.
El Poder Ejecutivo planteó también el fin de las reservas de áreas para las estatales provinciales, para poner fin a su situación de privilegio y que para ganar licitaciones deban competir en igualdad de condiciones. Además, se buscaba poner tope a las regalías (en 12%) y al cobro de Ingresos Brutos (3%). Y la prohibición de sumar gravámenes provinciales o municipales.
Esta segunda parte es la que combaten Sapag, Pérez y el chubutense Martín Buzzi. La contrapropuesta que llevaron a Galuccio, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el de Economía, Axel Kicillof, es que le nuevo régimen sólo conlleve la primera parte del plan y elimine la segunda. Es decir, que el costo fiscal para promocionar las inversiones petroleras necesarias para desarrollar los combustibles sheil corre enteramente a costa de la Nación. Eso llevaron ayer a Planificación y quedaron en volver a juntarse.
“Pensé que la reunión de ayer iba a suspenderse”. Así de contundente respondió una fuente del Gobierno nacional cuando se lo consultó por el efecto del puñetazo judicial que llegó desde los Estados Unidos a la negociación por una nueva ley petrolera.
Aunque después buscaron llevar tranquilidad: “Galucció consiguió cerrar el acuerdo con Chevron, que son unos U$S 15.000 millones, antes de acordar con el Club de París y el CIADI, cuando el contexto tampoco era muy favorable”.
El temor que tienen, es que se caiga el acuerso sellado con la malaya Petronas para el desarrollo de Amarga Chica, zona ubicada al noreste de Loma Campana (donde opera Chevron) de 187 kilómetros cuadrados con potencial para shale oil. Galuccio firmó con enviados malayos un memorando de entendimiento. Aunque al país no ingresó aún ni un solo dólar.