Ariel Lijo acudió esta mañana a su mejor reaseguro para conservar el poder sobre la causa Ciccone. Ordenó la indagatoria de Amado Boudou y de un grupo de imputados justo cuando Eduardo Farah y Javier Fernández en sintonía directa con el abogado Dario Richarte movían los hilos para sacarlo del expediente.
Los dos párrafos centrales del pedido a indagatoria que firmó Lijo fueron:
“Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa «Ciccone Calcográfica» a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.
“Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional”.
El apuro del llamado no le dio tiempo al juez de suavizar algunos párrafos redactados por sus secretarios. Concretamente Lijo está diciendo que The Old Found es del vicepresidente y que su primer trabajo fue renegocia la deuda de la provincia de Formosa. El siguiente enigma a aclarar sería quienes fueron los financistas de The Old Found. ¿Raúl Moneta?, ¿Jorge Brito? Por ahora el link empresarial del escándalo se mantiene al margen de la indagatoria.
Un claro ganador del vértigo que toma la causa es el fiscal Jorge Di Lello quien vio con satisfacción que la familia Ciccone también figure entre los indagados. Este era un motivo de disputa con el juez que lo tenía catalogados como testigos y no como imputados.