El tribunal revocó el sobreseimiento con el que contaba Menem, concluyó que junto a Cavallo llevaron adelante “una maniobra delictiva urdida con el propósito de sustraer al bien del patrimonio estatal”.
Los camaristas explicaron que el predio se vendió en 1991 a “un precio vil” de 30 millones de dólares cuando el valor de mercado era de 131.800.000.
“En definitiva, las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso de la Nación y se acordó un precio vil para la enajenación. Sobre el punto, debe enfatizarse que, si bien los miembros del Poder Ejecutivo ejercían la administración del patrimonio estatal (art. 99 de la Constitución Nacional), ello no equivale a admitir que pudieran disponer arbitrariamente de aquel –pretendiendo así poseer una posición o título que no tenían_, en desmedro de la representación que les fue encomendada”, sostiene el fallo firmado por los camaristas Horacio Cattani, Martín irurzun y Eduardo Fara.
La Cámara también ratificó el procesamiento de los ex funcionarios del Ministerio de Economía Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta; del ex presidente de la Rural Eduardo De Zavalía; del ex secretario Juan Ravagnani, y de los tasadores del Banco Ciudad de Buenos Aires Juan Insua, Raúl Angelini, y Ricardo Schapiro y del Banco Hipotecario Jorge Frost, Daniel Ivakhoff y Carlos Ratto.
Todos quedaron procesados por el delito de peculado, que está penado con 2 a 10 años de prisión.