El massismo presentó un proyecto para ordenar las protestas y el kirchnerismo también lo analiza
El diputado Darío Giustozzi dijo que quiere “garantizar el derecho a la petición social”, pero que se debe “determinar el espacio público” para poder ejercerlo, sin afectar “la libertad de los demás”. La ley prevé la aplicación de multas y la imposición de tareas comunitarias. La Presidenta había hecho referencia al tema en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
La Presidenta tiró la primera piedra en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo. “No puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan”, dijo Cristina Fernández de Kirchner, logrando que hasta los representantes del PRO la aplaudieran de pie. Ahora, el Frente Renovador también recogió el guante. El diputado Darío Giustozzi presentó un proyecto de ley para “garantizar el ejercicio de la protesta social”, sin afectar “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”.
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“En toda oposición de intereses nace un conflicto. Y en caso de no regularse esa confrontación de derechos, puede nacer un germen de violencia”, dijo Giustozzi en la presentación del proyecto, que se llevó a cabo en las oficinas del Frente Renovador. El ex intendente de Almirante Brown dijo que si bien el piquete es “una modalidad que nació en 1994, en Cutral Có, para hacer visible una protesta de trabajadores y podía encontrar una justificación, en aquel entonces, la extensión a través del tiempo le hizo perder legitimidad”. “Ahora cualquiera hace un piquete, se usa para mostrar una interna sindical, para cualquier cosa. Hay manifestaciones de dudosa legitimidad”, aseguró.
El proyecto presentado por Giustozzi hace una diferenciación entre manifestaciones espontáneas y las programadas con antelación, previamente notificadas a la autoridad de aplicación, para las cuales el Poder Ejecutivo puede tomar medidas de seguridad pertinentes, y la población puede ser informada previamente. Estas últimas, según el proyecto, no se verían afectadas, sino que son precisamente aquellas espontáneas las que serían susceptibles de ser alcanzadas por la ley, que pretende determinar una serie de espacios públicos donde podrían llevarse a cabo, sin entorpecer la libre circulación de ciudadanos. En otras palabras, debería ser el Poder Ejecutivo el que individualizaralos lugares en los cuales los manifestantes podrían ejercer su derecho de peticionar a las autoridades.
“Los referidos lugares se denominarán espacios públicos determinados y contarán con el requisito de ser ámbitos idóneos y relevantes para que quienes buscan ser escuchados logren llegar a sus destinatarios”. Los espacios deberán contar, además “con recursos tecnológicos necesarios que permitan la visibilidad de la manifestación pública”.
La presentación del Frente Renovador prevé, además, dos sanciones para aquellos que no cumplieren con llevar su manifestación pública a los lugares determinados. “Los participantes serán susceptibles de ser sancionados mediante trabajos comunitarios y, subsidiariamente, por la aplicación de multas”, dice el proyecto. Claro está, para ser susceptibles de la aplicación de estas sanciones, los manifestantes deberían ser individualizados y, para eso, probablemente detenidos por la fuerza pública.
“Hay un consenso mayoritario sobre este tema en las fuerzas políticas. Todos creen que hay que regularlo, pero nadie se anima a hacerlo”, aseguró Giustozzi. El discurso de la Presidenta el 1 de marzo parece haber marcado que también el Frente para la Victoria estaría pensando en votar un proyecto de ley que marque los límites a la protesta social. Con matices, el tema ya es centro de debate en distintos espacios políticos, aunque habrá que ver cuál de todos los proyectos llegará ser votado en el recinto.
