Pero, la internación y posterior reposo de la Presidenta, y la fuerte pelea desatada con un grupo de jueces federales, le dio un condimento especial a la reunión anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Luego de haber estado alejada por un cuadro de sigmoiditis casi un mes de la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prevé retornar al escenario público con un discurso que cerrará la 62° Convención de las Grandes y Medianas Constructoras del país.
La presencia de la Jefa de Estado es esperada con una inusual expectativa tanto por los principales funcionarios del Gobierno que no pudieron verla desde mediados de octubre, como por los referentes de la oposición que esperan ver cuál es su reacción ante los embates de la Justicia, que son cada vez más punzantes y directos contra su entorno familiar.
Encabezados por el titular de Eleprint, Gustavo Weis, la CAC tenía previsto utilizar la convención para mostrarse alineada con el “modelo” y reclamarle a la administración kirchnerista –de un modo muy diplomático y civilizado– que reduzca la demora que se viene registrando en los pagos de los certificados de obras.
Según reconocen en voz baja los empresarios del sector, el atraso promedio en los pagos volvió a ubicarse en torno de los ocho meses y en algunos casos especiales van camino a cumplir un año.
Pese a las promesas del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de una pronta normalización de los pagos antes de que expire 2014, los constructores no son del todo optimistas y advierten que si no pueden cobrar no van a poder abonar la totalidad de los sueldos y aguinaldos en diciembre.
Si bien buscarán plantear este tema en privado, los directivos de la CAC saben que no van a recibir una respuesta concreta de los funcionarios y que por estos días la principal preocupación del Gobierno se focaliza en el terreno político y judicial.
Pero, lejos de sentirse ajenos al fuerte enfrentamiento que se desató entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales, los empresarios ven con temor el curso que podrían tomar algunas causas judiciales por supuestos sobreprecios e irregularidades contractuales que involucran a las principales constructoras y a los funcionarios de Obras Públicas y Planificación Federal.
Según analizan los pesos pesados del sector, la movida que inició el juez federal, Claudio Bonadío, con los allanamientos relacionados con la empresa Hotesur pone, por primera vez, a la presidenta Cristina en una situación muy difícil y comprometida.
Sostienen que no se puede desconocer que la Jefa de Estado como dueña de Hotesur aparece involucrada en un expediente judicial por presuntos hechos de corrupción.
Y destacan que por la relación con Lázaro Baéz y las empresas Valle Mitre –que administró el hotel Alto Calafate hasta 2013– y Austral Construcciones –que contrató habitaciones en ese hotel que nunca fueron utilizadas–, la Presidenta podría quedar envuelta en una causa mayor y más grave por lavado de dinero.
Tras el virulento contraataque de la Casa Rosada a Bonadío, los empresarios no descartan ahora que los jueces federales reaccionen en defensa propia y de ese magistrado salgan a desempolvar las causas dormidas por contratos de obras públicas.
Con esa jugada, los jueces no sólo lograrían incomodar a los funcionarios que deberán pasar a prestar declaración en los Tribunales, también pondrían sobre el tapete a varios empresarios de la construcción y contratistas del Estado que tendrían que dar la cara y aclarar las dudas y sospechas que rondan sobre los montos pagados en varias obras de infraestructura.