La denuncia penal presentada por la querella mayoritaria del juicio quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi contra los magistrados que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 Jorge Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini por los supuestos delitos de “incumplimiento y violación de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y “prevaricato de los auxiliares de la justicia”.
También se presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y anticiparon que reclamarán una indemnización civil a los jueces, por daños y perjuicios.
En la denuncia se consideró “ilegal” la decisión de excluir del juicio al abogado querellante Gregorio Dalbón por haberse violado el derecho “constitucional de elegir libremente” un abogado.
Según el texto de la denuncia, una de las causas que llevó a los familiares de víctimas agrupados en esta querella a denunciar al Tribunal es “la ilegal exclusión de nuestro abogado del juicio, dispuesta de manera arbitraria por dichos magistrados, en violación a nuestro inalienable derecho constitucional de elegir libremente nuestro abogado y a intervenir efectivamente en el juicio mediante la representación letrada que deseemos”, sostienen las víctimas.
La querella advirtió que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, mediante veedor, “ha tomado conocimiento de toda esta irregular situación y ha recomendado la defensa institucional de nuestro letrado, frente al avasallamiento por parte de estos jueces para con el libre ejercicio de la abogacía”.
Los familiares de las víctimas, a través de un comunicado difundido tras presentar la denuncia penal, sostienen que “El Tribunal impide sistemáticamente averiguar si el extraño asesinato del principal testigo del juicio –el motorman Leonardo Andrada- oculta alguna circunstancia relevante del accidente y si el principal imputado por dicho hecho, el conductor Marcos Córdoba, ha sido auxiliado o está siendo ayudado por terceros –especialmente, personal gremial- para encubrir su inevitable responsabilidad al respecto”, sostuvieron los querellantes en un comunicado.
También se señala que el tribunal ha “favorecido planteos y prueba propuestos por la defensa del mencionado Córdoba, a cargo de una letrada que amenazó con llevarse del juicio a su defendido sin autorización judicial –en referencia a la multifacética abogaba Valeria Corbacho quien patrocinó a varios genocidas en distintos juicios por delitos de lesa humanidad como así también al espía Ciro James y al ex subcomisario Luís Patti-, lo que constituye una grave alteración al orden del proceso que no mereció observación ni sanción alguna por parte de estos jueces, habituados a otorgarle un trato preferencial a dicha parte”, según el comunicado.
“Este grupo de víctimas no claudicará jamás en su lucha por descubrir las reales causas del accidente de Once para sancionar a los verdaderos responsables de tanto dolor; lucha en la que lamentablemente atravesamos el calvario de enfrentarnos a un Tribunal parcial y arbitrario, que debemos denunciar públicamente”, dice el comunicado.
El Tribunal Oral Federal 2 resolvió excluir a Dalbón del juicio debido al incidente suscitado por la curiosa presencia del subcomisario Mariano Cousteau dentro de la sala de audiencias. Una escena intimidatoria que nunca se había dado en el juicio y que derivó luego en distintos incidentes entre el letrado, otras querellas y abogados defensores.
La denuncia presentada hoy agrega un nuevo capitulo al Juicio por Once y se suma a la guerra de acusaciones cruzadas entre La Fraternidad y la UF sector bordó que viene desarrollándose en las últimas audiencias y de la cual se esperan nuevas batallas cuando el próximo martes declaren ante el Tribunal los delegados Daniel Ferrari y Vicente Pietropaolo que responden al sector liderado por Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso.
Ahora, dependerá de las resoluciones que tome el Tribunal para lograr mantener el debate centrado en el objeto del proceso y sortear indemne esta inescrupulosa puja sindical que mantienen los gremios ferroviarios y que puede llegar a empañar la búsqueda de la verdad y justicia.
Por el accidente de Once, se encuentra imputado el motorman Marcos Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), con pena de 1 a 5 años de prisión, junto a otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT, Eduardo Sícaro, el ex Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento.