La propuesta se fundamenta en la concepción del Estado como un actor activo en la búsqueda de la verdadera identidad de los nietos apropiados y en la necesidad de tomar medidas más profundas, en las que el estado sea parte directa involucrada, para cesar con los efectos de esos delitos.
Ampliar el banco de datos genéticos
La norma propone ampliar el banco de datos genéticos cotejables con el de las personas que están en búsqueda de nietos apropiados a través de una convocatoria a comparecer ante la administración a todos los ciudadanos nacidos en ese lustro. La comparecencia será obstáculo previo e insalvable para renovar toda documentación identificatoria para esa franja.
A estos fines, equipos multidisciplinarios especializados en abordaje individual- se entrevistarán, en forma escalonada, con todo el universo de personas a relevar, generándose la contextualización y el tratamiento secreto e individual que pretende norma que da impulso al plan. Brindándole a aquellos que por diversos motivos no pudieron, no supieron o no quisieron una nueva posibilidad de reencontrarse con su identidad.
En casos de detectarse incongruencias o inconsistencias (tanto instrumentales como surgidas en el relato del ciudadano) el equipo de abordaje le ofrecerá a la persona la posibilidad de realizarse un análisis genético a estos fines.
Los datos obtenidos serán manipulados y preservados en el Banco Nacional de Datos Genéticos y tendrán como único objetivo cotejarse con los ya registrados de las personas desaparecidas, solicitándose las muestras únicamente en aquellos casos de detectarse problemas de identidad y relación con los delitos de lesa humanidad que fueron objeto del estudio.
El Plan Nacional de Recuperación de la Identidad de Personas Apropiadas pone énfasis en la protección de los derechos individuales en tanto, protege la utilización de su perfil genético, su cotejo únicamente a los fines de la ley y su destrucción posterior. Asimismo le deja al arbitrio de su voluntad afianzar o no los lazos biológicos que determinaría el resultado. (El documento se puede descargar al pie de la nota)
Terminar con “la pesadilla del desencuentro”
Villeres, abogado y periodista, acompañado por un grupo de profesionales denominados “Programa Ley de la Verdad”, ya presentó dos anteproyectos de la “Ley de Verdad” para que sean analizados por diferentes sectores de la sociedad civil y, en ese orden, ya fue recibido por Abuelas de Plaza de Mayo; el Programa Verdad y Justicia, la Jefatura de Gabinete de ministros nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, autoridades especializadas del Banco Genético de Datos; y del Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otros.
Su iniciativa nació de lo que denominó “la carrera contra el tiempo” por encontrar a los nietos apropiados. “Ellos ya son adultos y las personas que los están buscando se están muriendo. Si nos quedamos sin uno de los extremos, no va tener sentido que una persona de 50 ó 60 años encuentre su identidad y no tenga a quién abrazar”, consignó.
“Es una respuesta más contundente y abarcativa del Estado en materia de reparación histórica que busca llegar a todos los rincones del país de una forma rotunda, simple y democrática, bajo el amparo de la ley y las instituciones”, destacó Villeres. Agregó luego que “con el procedimiento que establece el plan la persona apropiado, en cualquier lugar del paìs donde se encuentre, tendrá frente a si, a un equipo interdisciplinario especializado para poder tomar definitavemente el camino del reencuentro con su identidad”.
Expresó así su deseo de “ponerle fin a esta pesadilla de desencuentro” tras considerar que sólo así se podrá derivar en un “resultado feliz para las madres y abuelas, a todas, las institucionalizadas pero también a las que no están institucionalizadas porque no han podido o no han sabido hacerlo o las cuestiones de distancia con los grandes centros urbanos se lo imposibilitan”.
Del mismo modo que se llevó adelante con la ley de Servicios Audiovisuales, la ley se debate foros de difusión para promover la participación ciudadana y el interés común. De hecho ya se han realizado foros enla Universidad Nacionaldel Centro, en Olavarría y se está programando en Bahía Blanca, Mar del Plata, Chacabuco y Lomas de Zamora entre otras localidades bonaerenses.
El proyecto fue declarado de interés legislativo en forma unánime por el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.
Las propuestas
El anteproyecto impulsado con el nombre la “Ley dela Verdad” consta de dos variantes de acción legislativa. La primera opción propone que todos los nacidos entre 1975 y 1980 sean obligados a donar su perfil genético para ser comparado con el ADN de los desaparecidos.
La otra variante -la que está trabajando un grupo interdisciplinario y es la que se pretende implementar- es denominada “manifestación de la voluntad”.
Plantea que a través de un acto lícito de la administración, el Estado convoque a todas las personas que tienen de 24 millones a 28 millones en su DNI a asistir en el plazo máximo de 12 meses al registro civil de su ciudad para acreditar su identidad con certificado o acta de nacimiento y documento para que comparezca en un ambito privado ante un equipo especializado en abordajes.
“No queremos apelar a la compulsividad, se le solicitará si quiere ser donante de su perfil genético para ser comparado con el de las personas desaparecidas. Esto es un procedimiento similar al abordaje que hace Abuelas, por lo cual creemos que instrumentarlo con la especificidad que tienen sus equipos será esencial”.
Villeres es hijo de Graciela Noemí Folini y Rubén Argentino Villeres, quienes fueron secuestrados en la ciudad de Olavarría el 16 de septiembre de 1977, tras su militancia política en la ciudad de La Plata.
Colaboraron en la elaboración del proyecto Juan Abel Rodríguez (comunicador social), la abogadas Lorena Gorosito, María Gabriela Alvarez Morello, Betiana Minor, la lic. en Psicología Natalia Díaz, la prof Milena Menón, la Lic. enPsicologìa Social Sandra Aguayo, la asesora de la cámara de diputados provincial, María Luján Rodríguez y la escritora y periodista Silvina Caputo.
Ley nacional de recuperación de la identidad de personas apropiadas ilegalmente durante la última dictadura cívico militar