Política

Othacehé, la contracara de Insaurralde: el intendente k del que nadie habla

El histórico jefe comunal que gobierna Merlo desde los años ´90, Raúl Othacehé, es blanco de acusaciones por violencia política en esa localidad del Conurbano bonaerense. Desde los momentos en que los nuevos kirchneristas lo acusaban de caudillo hasta las denuncias en su contra por violación de los deberes de funcionario público, son toda una radiografía de gobernar con un estilo polémico y, según los opositores, violento.

Merlo, una de las localidades más populares del oeste. Allí, donde hacer política opositora es toda una patriada, la situación de los partidos que no comulgan el estilo de gestión de la popular zona del Conurbano provincial, sufren en carne propia lo que significa militar contra todo un armado que rodea a los que no están en las filas de Raúl Othacehé.

 

Pero en Merlo y su rol político, o mejor dicho, los estilos de hacer Política, no figuran por la amabilidad de las noticias. Desde hace tiempo, los opositores al ahora integrante del Frente Para la Victoria denuncian a las patotas, que según los mismo, responden al Intendente. Lo llamativo es que hasta propios integrantes del kirchnerismo, que tienen cargo de relevancia a nivel nacional, lo marcaron como “el responsable” de la violencia en la ciudad. Todos los adjetivos de un Barón.

 

En marzo de 2011, un día después de que dos militantes de Nuevo Encuentro fueran golpeados por un grupo de choque, Martín Sabbatella, hoy titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), apuntaba contra el municipio local por el hecho. “El intendente Raúl Othacehé es el responsable de la violencia que existe en Merlo y es su responsabilidad desactivar a las patotas que atemorizan a la población y a los militantes políticos y sociales”, advertía el ex jefe comunal de Morón y fundador del partido Nuevo Encuentro, quien hacía responsable al mandatario de la ciudad que integra la 1ª sección electoral.

 

Fue una muestra de esa impunidad antidemocrática propia de un feudo, de un lugar donde no se puede participar ni opinar democráticamente. Hacemos absolutamente responsable a Othacehé por la seguridad y la integridad de los militantes del Encuentro y de todos aquellos que son habitualmente agredidos a raíz de su participación política y su militancia social”, completaba el hoy funcionario nacional, pero la historia no terminó allí porque la situación se complicó, también, para los militantes de otras agrupaciones que trabajan en fuerzas bien alejadas del oficialismo.

 

Libres del Sur, espacio que integra la diputada nacional Victoria Donda, también se sumó a las denuncias contra el caudillo político. En septiembre de 2012, y en un duro comunicado en la página oficial del partido, la legisladora caratuló de impune al intendente para, luego, preguntarse cómo podía seguir “agrediendo con tanta impunidad” y calificó el accionar local equivalente al para–policial.

 

“Allí (en Merlo) hace años que funciona todo un sistema de intimidación perfectamente organizado desde la intendencia para controlar represivamente a la población. Estas personas de la comunidad solo intentaban realizar un abrazo simbólico a una comisaría donde funcionó un ex centro clandestino de detención durante la última dictadura cuando fueron agredidos impunemente”, aseguraba Donda, como anticipándose a un hecho que generó la respuesta de una prestigiosa entidad.

 

Por la destrucción de buena parte del edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar, éste año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente al jefe comunal acusándolo de violación de los deberes de funcionario público.

 

Según se explicó, el 18 de abril, un equipo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Merlo destruyó parte del edificio, acto que dejó en evidencia que se incumplió con las normativas vigentes, provinciales y nacionales, que indican “preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror”. El edificio, situado en Eva Perón 1221, fue tipificado como Centro Clandestino de Detención (CCD) por el Informe de la Conadep en 1984.

 

“Las políticas de preservación de sitios donde ocurrieron delitos de lesa humanidad, remiten a los lineamientos del Estado nacional, provincial y responden a consensos universales. La protección de las huellas materiales de hechos humillantes a la condición humana no sólo busca preservar la prueba positiva de los delitos ocurridos, sino también contiene un fuerte sentido pedagógico y reparador del daño orientado a quienes lo padecieron y a las futuras generaciones”, se expresaba en un comunicado la Comisión encabezada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón.

 

“Jamás el juez Rafecas me notificó ni tampoco a ninguna dependencia de la municipalidad de Merlo, de la prohibición de innovar que había decretado, como así tampoco existe normativa alguna que indique que el edificio donde alguna vez funcionara la Comisaría de Libertad, haya sido un centro clandestino de detención, tortura o exterminio durante la última dictadura militar”, explicó el jefe comunal bonaerense, en defensa de la acusación que ensució un poco más su prontuario, pero luego demostró un tono político en las declaraciones.

 

Hoy, a pocos días de las PASO, la situación no cambió. Pedirle a todo un caudillo, ese al que no le molesta que lo reconozcan como un autentico Barón, demandar algo diferente es lo mismo que pedirle dejar su instinto político de lado y ésta, quizá, sea la explicación de por qué nadie habla de él.

 

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Maximiliano Pullaro a los abrazos, aquí y allá. 

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