La publicación brasileña se basó en documentos privados y en declaraciones de varios partícipes en la presunta operatoria ilegal para detallar cómo habría sido la ruta del dinero negro. Entre ellos, João Augusto Henriques, un operador del partido político PMDB, admitió su participación en la cobranza de “propinas” en distintos contratos de Petrobras. Uno de ellos, por los activos argentinos de la petrolera.
Los supuestos sobornos, habrían sido para “aceitar” a ejecutivos de Petrobras, engordar los bolsillos de políticos brasileños y financiar las campañas electorales del PMDB, entonces aliado del gobernante PT.
En enero de 2011, y tras un largo proceso que incluyó una ardua discusión sobre el valor final de la venta por la inflación argentina, López cerró un acuerdo definitivo con Petrobras para la compra de su refinería en la localidad santafecina de San Lorenzo. Ese acuerdo también alcanzó a 360 estaciones de servicio y el stock de petróleo y combustibles que se encontraban en esas instalaciones.
Por todo ese paquete, el empresario patagónico pagó cerca de US$ 110 millones, informó entonces Petrobras, lo que le permitió acceder a un 7% del mercado local de combustibles.
Las negociaciones previas a esa venta pronto se conocieron entre los brasileños como “Projeto Atreu”. Habrían incluido numerosos encuentros en el hotel Hilton de Buenos Aires entre septiembre y octubre de 2009. En esas reuniones, habría participado el director de Petrobras Argentina, Clovis Correa de Queiroz, quien negó luego a Época haber participado en la venta de esa refinería. Pero Augusto dio otra versión: “Clovis estaba en todas las reuniones. Como él había sido mi colega en la Facultad, y tenía una buena relación con él, me quedé más tranquilo”.
Durante esos encuentros en el Hilton habrían cerrado algunos detalles, como por ejemplo a qué cuentas bancarias en el exterior se enviaría el dinero. Entre ellas, una identificada como “Tiger” en China, ya utilizada para otros pagos ilegales al PDMB y al oficialista PT, según determinó la Policía Federal brasileña en 2009, durante otra investigación de pagos irregulares o “propinas” a políticos conocida como “Castelo de Areia”.
La operatoria incluyó, además, la intermediación de un operador argentino, Jorge Rottemberg, que intervino por parte de López, y la firma de un contrato de “cesión de derechos al cobro” por hasta US$ 10 millones entre una sociedad anónima uruguaya, Millfox Trading SA, y un estudio jurídico brasileño, Cedraz & Tourinho Dantas.
Por la sociedad uruguaya firmó un argentino, Orlando Raúl Palermo -quien figura en al menos dos sociedades junto a Rottemberg, Macopesa SRL y El Gonzalo SA-; mientras que por el estudio brasileño firmó Sergio Tourinho Dantas. Según Augusto, el objetivo era canalizar el dinero negro a través de Tourinho, un ex diputado amigo suyo sin conocimientos en el área energética. “Acordar un contrato para recibir todo a través de ellos [por los abogados] y cada uno recibiría su parte después”, sintetizó.
Un vocero de López consultado por el diario La Nación confirmó que Rottemberg participó en las negociaciones, pero minimizó su rol y el monto final que cobró. “Fue el que trajo el negocio y se firmó con él un contrato de success fee, sujeto al éxito de la operación, por la que cobró una comisión del 3 por ciento sobre un total de 35 millones de dólares, ya que no participó en la compra de ciertos activos”, explicó. “Por su participación cobró 800.000 dólares, de lo que tenemos una factura”, precisó.
Este año, López quiso comprar el 51% de los activos de Petrobrás en la Argentina, pero finalmente la operación no se concretó debido al rechazo que generaba su figura en Brasil. El dueño del Grupo Indalo habría llegado a ofrecer unos 900 millones de dólares, según lo que habría trascendido en ese momento.