La abogada Claudia Ferrero, de Apel, y Gabriel Solano, dirigente del PO, se hicieron presentes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 con el recurso en el que se plantea la elevación de las condenas y la reversión de las absoluciones, y se insiste en la investigación de las responsabilidades que les caben a los funcionarios nombrados.
Según comunicaron desde la agrupación liderada por Jorge Altamira, “el eje central del recurso es que el crimen de Mariano Ferreyra fue el resultado de un plan criminal articulado entre la camarilla de Pedraza, el poder político y los vaciadores ferroviarios. En su fallo el TOC N° 21 rechazó esta tesis a pesar de la demoledora prueba reunida en el juicio. De este modo se apuntó a cortar el hilo de responsabilidades que conducen al interior del Estado y a sus vínculos corruptos con los concesionarios del ferrocarril”.
En ese sentido, la delegación del Partido Obrero señaló que “es importante tener en cuenta que luego del crimen de Mariano, y de las masacres de Once y de Castelar, el gobierno está decidido a mantener este régimen criminal sobre la administración de los ferrocarriles, mientras se multiplican las causas judiciales que involucran a los ex Secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Schiavi, y a José Pedraza. La alianza oficial con los Roggio y Romero -que ahora monopolizan la gestión de todo el sistema metropolitano- y los Cirigliano -quienes siguen lucrando con las reparaciones del material rodante a través de Emfer- permanece intacta”.
En abril de este año, la Justicia condenó, entre otros, al ex secretario general de la Unión Ferroviaria José Ángel Pedraza a 15 años de prisión por considerarlo “partícipe necesario” del homicidio de Ferreyra. El entonces jefe del gremio y su segundo, Juan Carlos Fernández, corrió la misma suerte.