En el convenio, que lleva la firma de los ministros, se precisó que los imputados, procesados y condenados serán atendidos por problemas médicos en los hospitales de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz y no podrán ser tratados en los hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas.
El acuerdo se firmó tras la fuga de dos represores del Hospital Militar, del barrio porteño de Palermo, adonde habían sido trasladados desde la provincia de San Juan para un control médico.
Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, están condenados por crímenes de lesa humanidad y se fugaron del Hospital Militar Central “Cosme Argerich” la semana pasada.
Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan.
