“Esta nueva iniciativa por parte del Gobierno provincial, implicará inminentes aumentos de las tarifas de peaje, de manera tal que los usuarios viales sean quienes deban hacerse cargo y financiar todos los incumplimientos del concesionario saliente y de las supuestas futuras obras”, plantearon de CONADUV.
Además, desde la entidad advierten que “los cuatro Accesos a la Capital Federal, entre ellos la Autopista La Plata–Buenos Aires, son de jurisdicción nacional y la responsabilidad es del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)”.
“Es por ello que la Provincia de Buenos Aires de ninguna manera debe hacerse cargo del corredor en discusión, y el Gobernador Daniel Scioli debería tener coraje, decisión y voluntad política para exigir al Gobierno Nacional que se haga cargo como corresponde de mantener en perfecto estado de transitabilidad”, explica el comunicado.
Por último, CONADUV denunció que “en lugar de ocuparse del traspaso de la Autopista para solo hacer propaganda política partidaria, el Gobernador y su Ministro de Obras y Servicios Públicos, deberían prestar gran atención al estado lamentable de la red vial provincial y la escandalosa concesión por peaje directo con cabinas de cobro en ruta y por 30 años del Corredor Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Interbalnearia 11) con la cual se favoreció con un brillante negocio a empresarios amigos del poder como Eurnekian, Roggio, Esuco y Cristobal López”.