El Frente para la Victoria presentó en lo que va del año siete proyectos con reformas sustanciales, que abarcan desde el Consejo de la Magistratura hasta la regulación de las medidas cautelares. Además, podrían abrir foros de debate en las universidades para abordar la temática, como ocurrió con la Policía Judicial.
La idea de “democratizar” la Justicia tiene los mismos lineamientos de la reforma sancionada en el Congreso sobre las medidas cautelares, un recurso al que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó en el marco de su pelea con sectores de la Justicia por la aplicación de la Ley de Medios.
La presidenta del bloque oficialista, Cristina Fioramonti, elaboró un proyecto que apunta a endurecer los requisitos para el otorgamiento de una medida cautelar contra el Estado provincial y establece límites a las vigencia de este tipo de resoluciones.
El proyecto es uno de los que generó más polémica incluso dentro del bloque oficialista, donde los hombres alineados con el vicegobernador Gabriel Mariotto le habrían reprochado a Fioramonti que la propuesta no cuenta con el aval de Nación.
Otro proyecto apunta a crear en la Provincia una “Observatorio Judicial”, que analizará el informe anual que la Suprema Corte remite a la Legislatura y podrá hacer recomendaciones “para mejorar el funcionamiento” del Tribunal.
El kirchnerismo apunta cambiar la composición y el sistema de designación de miembros del Consejo de la Magistratura bonaerense, el órgano encargado de la selección de jueces y fiscales.
La iniciativa, impulsada por el senador Santiago Carreras, propone que el Consejo de la Magistratura esté conformado por 19 miembros, uno más que en la actualidad. De ellos, uno representará a la Suprema Corte, habrá tres jueces de las instancias inferiores (elegidos por voto popular), tres del Ministerio Público (fiscales y defensores, también elegidos por voto universal), seis del Poder Legislativo, tres del Poder Ejecutivo y tres abogados de la matrícula de la provincia, surgidos de elecciones generales.
De todos los proyectos, el más importante es el que propone crear la Cámara de Casación Laboral, integrada por ocho salas, de tres miembros cada una, con sedes en La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, Mercedes y Mar del Plata, y contempla iniciativas de acceso a la información pública, una “ley de ética” y otra para el ingreso igualitario al Poder Judicial.