Luego del fracaso sciolista con la Ley de Excarcelaciones, la cual fue rechazada por la Corte Suprema bonaerense, hecho que generó un segundo envío a la Legislatura bajo el apodo de “políticas de pacificación”, los organismos que presentaron la acción judicial avalada en aquella oportunidad deslizaron cierta mirada positiva en medio de la espera en lo que pase con el proyecto que ingresó nuevamente al parlamento, aunque mantuvieron la distancia que los caracteriza con el Estado provincial.
Planteado como una “necesidad”, el impulso del sciolismo contra la utilización de armas despertó cruces entre los hombres cercanos al ex vicepresidente de la Nación y los representantes de Nuevo Encuentro, que a través de la figura de Marcelo Saín criticaron la política de Seguridad bonaerense, hecho que generó diferentes posturas en los sectores que no concuerdan en casi nada con los preceptos del oficialismo bonaerense, representados por el ministro Ricardo Casal.
Con la oficialización del estado parlamentario del nuevo proyecto, la CPM habló sobre la propuesta y planteó una paridad con la idea de desarmar a la población, aunque marcaron distancia de una gestión cuestionada por múltiples temas, que desde la entidad que tiene como principal referente al premio nobel Aldolfo Pérez Esquivel, son denunciados.
“Parece algo interesante porque apunta a resolver esto y, por lo menos, encarar el tema de las armas en una forma correcta, no por la vía intentada anteriormente, por eso la comisión planteó la necesidad de forjar políticas de Estado que incentiven la desactivación del uso de armas para lograr una mayor pacificación social”, le dijo a Letra P el co-Presidente de la CPM, Hugo Cañón.
“Más allá de que se quiere mejorar el enunciado y la redacción, las cosas van en dirección a lo que quiere la entidad”, admitió uno de los máximos referentes de la comisión que congrega a los organismo de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero recordó que lo hecho por el Gobernador, quizá, no sea “textualmente” lo que pretenden algunos, aunque advirtió que “la rectificación del rumbo es la dirección correcta”.
“Levantar esa idea de dar una amplia facilidad a la Policía para que detenga al que se le ocurra, y dar la legitimidad a un acta policial para impedir la excarcelación, que era en el proyecto anterior obligatoria para el Juez, es totalmente inaceptable por eso esta nueva propuesta, más allá de las mejoras que pudieron hacérsele, debe ir hacia la dirección adecuada porque es necesario que se reduzca la cantidad de armas que hay en la población para que exista menos riesgo y que se logre mayor seguridad”, sostuvo el representante.
Sobre la posibilidad de que el cambio en el proyecto sea un punto de partida en un cambio en las políticas, Cañón remarcó que apuestan,“con un criterio pro positivo”, a “formular políticas públicas que resuelvan cuestiones de fondo, con una visión de Seguridad democrática”, aunque demandó la “sensibilidad del Gobierno para tratar este tipo de temas”.
