Política

Saqueos: Massa y sus intendentes se ponen a disposición del Gobierno

En el marco de las protestas policiales y los saqueos, el diputado electo del Frente Renovador Sergio Massa se reunió con 11 intendentes del Gran Buenos Aires junto a los presidentes del bloque de diputados nacionales y provinciales, y el presidente del bloque de senadores provinciales. Dijo que “el que saquea es un ladrón” y se puso a disposición del gobierno provincial, minutos después de que Julio Alak y Julián Álvarez apuntaran contra Salvador Baratta por los robos en los negocios.

“El objetivo fue transmitir una consigna muy clara: el que saquea es un ladrón que comete un delito, por eso establecimos un régimen para que las 4.000 cámaras repartidas en los 11 municipios funcionen como elemento de acumulación de pruebas contra aquellos que hagan intento de saqueos, para luego realizar las denuncias penales”, dijo Massa.

 

“En paralelo, ponemos a disposición de las autoridades los 505 móviles de seguridad de los municipios a los efectos que tengamos la posibilidad de que aquellos móviles puedan trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y de Nación, para transmitir seguridad a la gente”, agregó.

 

“El gran desafío es que haya tranquilidad y paz, que funcionen normalmente las instituciones, que nadie abuse de su posición para exigir en un reclamo salarial y, que sobre todas las cosas, todos seamos responsables en este momento particular donde todos debemos poner lo mejor de sí para funcionar bien y enfrentar a los que quieran generar violencia en este contexto”, sostuvo.

 

“Nosotros tenemos la decisión de trabajar de manera coordinada con todas las autoridades, por ello nos contactamos con gente de seguridad de Provincia, con la idea de ponernos a disposición y de garantizar en nuestros municipios y para todos, paz y tranquilidad, porque creemos que la violencia y el odio hay que erradicarlos definitivamente de nuestra sociedad”, concluyó.

 

Federico Otermín y Nicolás Kreplak
En Unidos temen del poder de Maximiliano Pullaro para imponer condiciones en el proceso de reforma constitucional.

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