La denuncia había sido presentada el pasado 14 de diciembre, por la periodista Mariel Fitz Patrick, quien trabaja en el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, amparándose en un pedido de acceso a la información.
La periodista solicitó conocer los contratos firmados durante el 2010, 2011 y 2012 por los integrantes del programa 678, transmitido por la TV Pública, y el Gabinete Nacional negó esa información.
Ante esta negativa, con el patrocinio de los abogados de la Asociación por los Derechos Civiles, la periodista recurrió a la Justicia, basándose en la normativa vigente relativa al acceso a la información pública.
Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de Derecho a la Información Pública de la Asociación aseguró que “decidimos llevar el caso adelante porque nos parecía una negativa completamente injustificada”.
El fallo de segunda instancia tiene fecha del 31 de octubre, pero recién fue difundido ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ). La cámara confirmó los argumentos de la jueza Sarmiento, que a su vez había adherido a los ofrecidos por el fiscal Fabián Canda, quien consideró que al tratarse de un pedido de acceso a la información es de aplicación el reglamento contenido en el decreto 1172/03.
El Tribunal Oral 2 explicó su sentencia en 1.616 fojas. Los jueces no hicieron lugar a la asociación ilícita. Las partes tienen diez días hábiles para apelar.
El tribunal ordenó cerrar la instrucción y avanzar en el debate oral contra los acusados de ser los responsables del intento de homicidio a la vicepresidenta.