Daniel Paskvan elevó recientemente al Senado una nota donde detalla y fundamenta la impugnación (ver documento al pie de esta nota) consignando la existencia de la causa 21995 en trámite; un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pedido de juicio político a Szelagowski y Gómez también radicada en la UFIC 8 y otra denuncia por el caso Wasserman.
Paskvan integra la Unión de Empresarios Argentinos (UDEA) por Verdad, Justicia y Reparación, integrada por víctimas de desapoderamiento de bienes durante la dictadura militar y ha realizado varias denuncias contra la Fiscalìa de Estado y sus integrantes por la forma en que se manejaron tanto su causa como otras, todas vinculadas con violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la Dictadura cívico militar.
Un reclamo que comenzó en la Dictadura
Daniel Paskvan reclama hace más de 30 años por el establecimiento avícola que la Dictadura cívico militar le arrebató a su padre y habría quedado en poder de los Capozzolo. La pesadilla para la familia Paskvan comenzó el 16 de mayo de 1980 cuando los militares entraron a la fábrica de alimento para mascotas de la localidad bonaerense de Roque Pérez, propiedad de los Paskvan. Además tenían las acciones de la empresa Integraciones Avícolas Santafesinas SA en el Banco Torquinst, propiedad de los Capozzolo, quienes se las apropiaron, según informó Tiempo Argentino.
Paskvan logró, en 1987, recuperar la empresa bonaerense San Roque SCA. Ni bien tomó el control le empezaron a caer los pedidos de quiebra por deudas que habían generado los apropiadores. “En el caso de Roque Pérez y de Lobos, yo era socio solidario entonces respondía con todos mis bienes. Los tipos compraban soja, hacían el alimento y lo pasaban a otra empresa. La endeudaban y yo tenía que pagar”, explicó el empresario.
A partir de la sentencia que reconoció la apropiación de su empresa, Paskvan decidió demandar a la provincia de Buenos Aires para recuperar el dinero perdido por los siete años de ocupación. Y la Justicia en 2004 le dio la razón. Pero “el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, siempre frenó todo”. Cansado de esto, en 2006, Paskvan recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representado por el abogado Daniel Sabsay.
La impugnación presentada ante el senado: