Según informa el diario La Nación, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia atribuye el retraso a un inconveniente informático entre los sistemas de la AFIP, que es el ente que recibió la información cargada por los funcionarios, y las plataformas de la OA. Desde la AFIP, aseguraron que ellos ya enviaron toda la información al Ministerio de Justicia.
La Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionario Públicos, fue aprobada este año por el Congreso, en el marco del paquete de leyes que avanzan sobre la Justicia, elaboradas por el Ejecutivo.
Fue creada para favorecer la transparencia, pero limita los datos exigidos. Por un lado, amplía el universo de personas obligadas a transparentar sus bienes y señala que no será necesario ningún trámite para acceder a esos datos, sino que deberían estar disponibles en la Web. Por otro, reduce la cantidad de información pública que deben aportar los funcionarios y candidatos, y parte de esos datos queda en un anexo reservado.
Así, con la nueva normativa, se seguirán informando los montos globales de las declaraciones de los funcionarios, pero no el detalle de cada bien ni el origen de los fondos para adquirirlos.
Tampoco se le dará acceso al público al patrimonio de cónyuges, hijos o sociedades, algo que quedó relegado para un formulario llamado “Anexo reservado”, que sólo se podrá acceder mediante orden judicial.
Lo cierto es que, a tres días de las elecciones no se publicaron las declaraciones juradas de bienes de los candidatos, como señala la nueva ley.