Además de la decisión de aplicar una nueva enmienda impositiva, “no a todos sino para determinados sectores”, según aclaran desde la gobernación, se endureció la campaña contra la evasión, difundiendo públicamente desde la Agencia de Recaudación (ARBA) un listado que incluye los nombres de 11 mil deudores del impuesto inmobiliario que viven en countries y deben, en conjunto, 145 millones de pesos.
La amplificación de comunicaciones de dicha medida fue interpretada como un gesto de acercamiento hacía el gobierno nacional, partidario de cazar evasores empezando por los productores rurales en territorio bonaerense.
Por cuerda separada, pero ante el pésimo y caótico estado del sistema vial, aparece como una señal positiva la determinación del Estado provincial de arreglar las rutas, aunque hace mucho ruido la decisión de financiar las obras impulsando un aumento del 10 por ciento en el impuesto automotor; y una alícuota del 9 por ciento sobre las pólizas de seguro de autos.
Con la obra pública municipal casi paralizada por la época de sequía económica, la controvertida propuesta del sciolismo –crear un fondo fiduciario para construir una red de autopistas– sería incluida, junto con el proyecto de presupuesto y la ley impositiva 2012, que debe ser presentada ante la Legislatura en poco menos de un mes y medio.
“Nuevamente los contribuyentes deberían pagar nuevos impuestos para financiar las obras que anunciaron alguna vez la Nación o la Provincia”, dicen las primeras voces críticas dentro de la Legislatura.
También Scioli juntó a su ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, terminó de delinear un plan de mejoramiento e integración de la red vial a través de un sistema de concesiones para la prestación de servicios públicos en rutas de la provincia. “Se trata de la concesión de un servicio público por medio de un esquema que incluye a un Estado presente, que regule e intervenga para asegurar la calidad de las prestaciones”, se explicó.
Actores legislativos de la oposición dejan escuchar sus críticas al advertir sobre la iniciativa gubernamental de “privatizar” el mantenimiento de 2.000 kilómetros con el sistema de peajes. No es casual que pidan analizar con seriedad el cobro de peajes, que ya viene demostrando su inoperancia, como por ejemplo, en la autopista Buenos Aires-La Plata.
“La ciudadanía exige más seguridad”, acotó casi como reflexión el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, ante la ola de crímenes cotidianos que sacuden la estantería gubernamental en la provincia. En ese contexto, el gobernador Daniel Scioli volvió a endurecer el discurso sobre la política de seguridad, postura que suele sulfurar a las patrullas ideológicas de la Casa Rosada.
Desde Bahía Blanca anunció que impulsará cambios en el régimen de excarcelaciones para abordar integralmente las portaciones ilegales. “Es el momento de poner más firmeza aún, incautar las armas y que los individuos que no puedan justificar tenencia o portación queden presos”, dijo el gobernador. Al parecer, la movida sciolista apunta a desarmar a los delincuentes, independientemente de los distintos planes de desarme voluntario.
No pocos en La Plata reflejaron, con mayor o menor intensidad política, el faltazo del intendente bahiense Gustavo Bevilacqua, esquivando otra vez a Scioli, está vez utilizando como pretexto que tenía que viajar a reunirse con el ministro nacional Julio De Vido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Fue un pequeña demostración de la interna de la interna, porque el anfitrión del gobernador termino siendo el ministro de Producción, Cristian Breitenstein“, decían, no sin antes recordar que Bevilacqua ya había rechazado antes una invitación al distrito de Coronel Suárez, y posteriormente había declarado duramente que “en vez de ir a actos a aplaudir es mejor ponerse a trabajar”. Declaración que no dejo del todo felices a los intendentes de la Sexta que si habían viajado a escuchar a Scioli.
Desde que Scioli blanqueó su intención personal de ser candidato presidencial en las elecciones del 2015, siempre y cuando la presidenta Cristina Fernández no logre la posibilidad de ser reelegida por segunda vez, De Vido seduce con la billetera nacional a los intendentes del oficialista Frente para la Victoria-PJ y les pide planificar una lista de obras públicas. En líneas generales, la provincia sólo mira de reojo y sin intervenir en ese proceso que promete millonarias inversiones para los municipios.
El radicalismo, desde la Legislatura bonaerense, denuncia la evidente discriminación que sufren varios distritos, al no ser considerados al momento de distribuir obras de infraestructura por el gobierno nacional.
Durante un almuerzo más entre amigos sciolistas que suelen juntarse a degustar diferentes menús de una carta que presenta muchas variedades domésticas, se alimentó la teoría de que, a medida que se acerque 2013, irán subiendo las “acciones políticas” del gobernador. A esa conclusión llegaban los integrantes de la mesa chica: el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, el secretario general de la Gobernación, Eduardo Camaño y el ministro Martín Ferré (Desarrollo Humano).
Aparentemente Scioli juega a garantizarle al gobierno nacional un buen desempeño electoral en las legislativas del año que viene en la Provincia, ante el pronóstico negativo que auguran algunas encuestadoras sobre la intención de voto en provincias como Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero también el gobernador pretende defender con vehemencia el armado de las listas legislativas a nivel seccional, para que no le vuelva a ocurrir lo que le pasa actualmente en la Legislatura con el kirchnerismo ortodoxo. Scioli ya sabe que el precio de acordar la última vez con la presidenta CFK fue entregar el armado de las listas provinciales a la Casa Rosada.
Precisamente, durante un reciente encuentro a solas con el vicegobernador Gabriel Mariotto, Scioli, además de ratificarle su lealtad con el proyecto nacional, le habría sugerido que no le conviene a nadie dentro del mismo espacio oficialista del Frente para la Victoria-PJ –y tal vez hasta a la propia presidenta– que la oposición pueda aprovechar un escenario de confrontación cotidiano entre la Nación y la Provincia.
Es evidente que Mariotto no quiere seguir profundizando los desacuerdos con el gobernador –respetando alguna bajada de línea de la Rosada–, aunque aclara que, “si Cristina me puso a mí acá –en la vicegobernación– es para que dé mi punto de vista”.
Desde calle 6, los sciolistas “color naranja” argumentan casi humorísticamente: “Es razonable que el vice tenga una mirada diferente; el problema es que siempre, pero siempre, tiene una mirada o una opinión diferente sobre casi todas las acciones gubernamentales que plantea Scioli”.
Con “pronóstico reservado” y de difícil trámite parlamentario, la administración Scioli sigue tejiendo las puntadas finales del proyecto de ley de reforma impositiva 2013, que incluye una suba del Inmobiliario Urbano para los inmuebles de alta valuación fiscal y la posibilidad de establecer un “cobro anticipado” del impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a las primeras cuotas de 2013.
Además, contemplará una mayor presión impositiva sobre los countries y clubes de campo y la adopción de una serie de medidas para cobrarles Ingresos Brutos y Sellos a los denominados “pooles de siembra”. El desafío gubernamental es intentar incrementar en unos 1.200 millones de pesos, y así llegar a recaudar el monto extra que necesita para poder pagar el medio aguinaldo de los estatales en diciembre.
La oposición parlamentaria como condición para debatir el paquete impositivo busca forzar en Diputados el tratamiento de un proyecto de ley para que Scioli se pliegue al reclamo para que la Provincia deje de adherir al Pacto Fiscal firmado en 1992, por el que Buenos Aires cede el 15 por ciento de los ingresos que le corresponderían en concepto de coparticipación federal de impuestos.
Pese a la avanzada opositora, se sabe que no podría obtener la sanción de esa ley, porque es minoría en el Senado que guía Mariotto. Pero se propone aprobarla, al menos, en Diputados –donde el oficialismo K está más ajustado– para generar una movida política. Todo es la antesala de la discusión que se espera para los próximos meses en torno del Presupuesto 2013.
(*) Ricardo Salas es columnista en “La Nueva Provincia”
