Economía

Argentina en peligro de “tarjeta roja” por el FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió a la Argentina que está dispuesta a sacarle “tarjeta roja” y declararla objeto de una “moción de censura” si hasta diciembre no cumple la promesa de mejorar los datos sobre inflación y PIB.

Lagarde dejó en claro que se trata de la última “tarjeta amarilla” que recibe el país y que la próxima implicará una seria reprimenda. El plazo para adecuar la medición a los estánderes internacionales es el 17 de diciembre.

 

“Tienen tres meses para evitar la tarjeta roja, pero si no se hacen avances, sacaremos la tarjeta roja”, dijo en una charla en el Instituto Peterson de Washington.

 

En un comunicado del 18 de septiembre, el Directorio Ejecutivo del organismo lamentó “la falta de avances suficientes en la implementación de las medidas de compensación desde su encuentro del 1º de febrero” y manifestó “su preocupación de que Argentina no ha logrado cumplir con sus obligaciones bajo los Artículos de Acuerdo del FMI implementando dichas medidas”.

 

 Argentina podría ser “censurada” si omite la fecha límite, sanción que nunca se utilizó para otro país miembro. Según sus estatutos, el FMI puede emitir una “declaración de censura” a aquellos países que no cumplan con proporcionar la información o que brinden informes inexactos.

 

En otros pasos posteriores, la entidad puede declarar el país inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo, así como suspender sus derechos de votación dentro del organismo multilateral.

 

Analistas privados dentro del país e inversores internacionales cuestionan las cifras de Argentina, a la que, sin embargo, el Fondo asesoró durante meses para que elaborara un índice nacional de inflación.

 

Un equipo técnico del FMI visitó el país en 2011 y emitió un informe “con recomendaciones específicas sobre el diseño y la metodología para desarrollar un nuevo índice de precios al consumidor”.

 

En febrero, el consejo directivo del organismo dio a la Argentina 180 días para informar sobre la calidad de sus mediciones de inflación y de los datos con los que elabora su índice de Producto Interior Bruto.

 

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