“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que en el día de la fecha el Poder Ejecutivo ha dictado el decreto de necesidad y urgencia número 1338/12 mediante el cual se dispone la intervención de Compañía de Valores Sudamericana S.A.”, detalla el parte de prensa respecto de la primera medida.
Enseguida, añade que la el Palacio de Hacienda envió al Congreso “el proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación” de la compañía y precisa que los interventores designados son el ministro de Economía, Hernán Lorenzino y de la presidenta de Casa de Moneda, Katya Daura.
Las medidas constituyen la primera reacción oficial al escándalo desatado por las irregularidades que investiga la Justicia y por las que están imputados el vicepresidente Amado Boudou y el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El Ministerio de Economía justifica la intervención y el proyecto de expropiación en que “el Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda”.
Afirma además que el proyecto de ley para expropiar la imprenta dispone que “la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad Estado Casa de Moneda”.
En el párrafo final, el Gobierno vuelve a justificar las medidas. “El Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad”. Concluye que, a través de la expropiación, la “capacidad” de la Casa de Moneda se verá “ampliada”, lo que permitirá abastecer al Banco Central “disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales”.