Política

La Fiscalía de Estado defiende a Scioli ante la denuncia de la fábrica recuperada

El Fiscal de Estado interino, Hernán Gómez, justificó el pago por la expropiación de una metalúrgica que tiene a sus trabajadores como los principales demandantes en una causa que incluye al Gobernador por “fraude y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia de Buenos Aires”.

La denuncia radicada por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que se tramita en la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata a cargo de Jorge Paolini, apunta al supuesto fraude e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, en el marco de una expropiación que la Fiscalía de Estado y el Ejecutivo acordaron con el dueño de la industria Wasserman SA, por la que la Provincia pagó 101 millones de pesos.

 

La empresa está en concurso de acreedores desde 2001 y es explotada desde entonces por una cooperativa de sus propios trabajadores, quienes conformaron la Cooperativa de Trabajo Los Constituyentes que está ubicada en la calle Constituyentes 551 de la localidad Villa Martelli.

 

En 2002 una ley que dispuso su expropiación por parte del Estado provincial y Wasserman inició un “juicio por expropiación inversa”, donde la Provincia acordó con la empresa pagar $101 millones de indemnización en 2010.

 

La denuncia penal, incluye al gobernador Daniel Scioli por “fraude y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia de Buenos Aires”.

 

Además, involucra al ex Ministro de Producción de la Provincia y actual Ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, al ex Fiscal de Estado, el fallecido Ricardo Szelagowski, al subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Nicolás Della Croce, al presidente de Ignacio F. Wasserman S.A, Ignacio Wasserman; al apoderado de la empresa, su hijo Alan Wasserman, a los abogados Daniel SabsayBeatriz RivasRubén Citara y responsables del Estudio de abogados (Caporal, Citara y Casal), a quienes se acusa de cobrar 56 millones de pesos. Si bien algunas informaciones vinculaban el apellido de los abogados Verónica y Raúl Casal con el Ministro de Seguridad Bonaerense, fuentes mismas del ministerio desmintieron cualquier tipo de vinculación entre Ricardo Casal con los abogados mencionados.

 

El fiscal de Estado de la Provincia interino, Hernán Gómez, que reemplaza a Szelagowski luego de su muerte, replicó los términos de la denuncia de los metalúrgicos contra la expropiación de la fábrica y le dijo a La Política Online que esa acusación “no tiene asidero” y que el caso refiere a una denuncia similar archivada por la justicia por inexistencia de delito en el 2010.

 

Según explicaron fuentes de gobernación a ese medio, la Fiscalía de Estado practicó en su momento una pericia que dio como resultado del monto a pagar por la empresa $ 26.371.710. Pero esa pericia no contemplaba intereses, costas, ni el valor llave de la empresa.

 

La pericia practicada por Wasserman fijó el valor en $180.435.261, mientras que los peritos designados de oficio tasaron la planta en $ 210.823.681, monto que tampoco contemplaba el valor de las máquinas ni instalaciones mecánicas como tampoco intereses.

 

Los 101 millones pagados no sólo fueron aprobados por el Ministerio de Producción en su carácter de autoridad de aplicación, sino también por todos los organismos de asesoramiento y control de la Provincia: Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado.

 

Por el momento, la denuncia está y habrá que ver los pasos a seguir de la Justicia en torno a todos sus implicados y las acusaciones en cuestión, que tienen al ultrakirchnerismo del lado de los trabajadores demandantes y en contra de Scioli.

 

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