En la reunión, las organizaciones solicitaron a Daniel Scioli que se aparte de la fuerza a los 8 policías que se desempeñaban en el destacamento donde fue visto Arruga por última vez; que se garantice la participación activa de los familiares y amigos de Luciano en la gestión del espacio donde funcionaba el destacamento de Lomas de Mirador; y que se impulse el esclarecimiento de la causa por la desaparición de Luciano Arruga.
Del encuentro también participaron la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta y por la CPM, Hugo Cañón (co-presidente) y los directores Roberto Cipriano García y Sandra Raggio; por la APDH La Matanza, Pablo Pimentel y Juan Manuel Combi (abogado de la causa).
Las organizaciones que mostraron su preocupación por la violencia policial y persecución de jóvenes en el distrito de La Matanza, fueron recibidos por el Gobernador quien se disculpó por no haberlos recibido antes, expresó su indignación con el hecho y comprometió a luchar por memoria, verdad y justicia.
También Además, dijo que hará todo lo posible para garantizar los puntos planteados derivando las gestiones pertinentes en la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
Por su parte, Vanesa Orieta, expresó que “esperemos que los resultados sean los que buscamos, nosotros tuvimos esta reunión después de 3 años y 7 meses de desaparecido Luciano”.
Y remarcó que “lo que le pedimos al Gobernador como referente de la provincia es que comience a tener presencia en la causa”. Además informó que “es una causa que hasta el momento mantiene su carátula como “averiguación de paradero” y los 8 policías que desaparecieron a mi hermano están en funciones”. Por eso, “pedimos también que tome cartas en el asunto, que destituya a estos policías de sus funciones hasta que llegue el juicio”.
También explicó que “pedimos especialmente que el lugar, el destacamento policial de Lomas del Mirador que se había inaugurado en 2007 por un pedido de mayor seguridad y que fue cerrado en 2011 gracias a la organización y lucha de los familiares”, y “que sea convertido en un espacio para la memoria donde familiares y amigos, junto con organismos podamos trabajar la defensa de los DDHH y especialmente con quienes están sufriendo esto que son los jóvenes pobres”.
Paralelamente, señaló que “desde acá denunciamos una problemática del gatillo fácil” y agregó que “nos vamos con la “alegría” entre comillas de haber logrado después de 3 años y 7 meses que el Gobernador nos atienda”.
En ese sentido, expresó que “esto para nosotros es un logro y ahora queremos ver los resultados”, y subrayó que “hasta que no obtengamos esos resultados, vamos a seguir con nuestra denuncia firme de la total falta de compromiso del poder político con la causa de Luciano que hasta hoy no existió”. Y por último recalcó, “esperamos que de ahora en más, esto se revierta”.