Desde el kirchnerismo se impulsará el debate sobre el futuro de las concesiones y el canon que aportarán los bingos y salas de juego al Estado provincial, con el tema de la seguridad como uno de los puntos a tratar más importantes.
La creación de la policía judicial será el objetivo principal del oficialismo, iniciativa promovida por la Comisión Provincial por la Memoria que ganó el consenso de la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
En la primera mitad del año, el vicegobernador Gabriel Mariotto se encargó de llevar el debate a diversos puntos de la provincia de Buenos Aires en los foros que organizó el Senado, con la adhesión mayoritaria en todos los distritos.
La discusión sobre las policías municipales, también entra en la segunda mitad del año con la diferencia que el kirchnerismo busca su creación pero rechaza el proyecto del ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, que traslada la responsabilidad política a los intendentes pero mantiene la cadena de mando entre las futuras policías locales y la conducción de la Bonaerense.
El tema central en la Legislatura estará puesto en la seguridad, después de los hechos violentos que ocurrieron en lo que va del año en el territorio bonaerense, donde se analizará el fracaso del sistema para resolver y esclarecer delitos de cierta complejidad, con las conclusiones del Caso Candela por parte de la comisión especial del Senado provincial, a saberse durante agosto.
La creación de una Policía Judicial, tiene como principal objetivo establecerla como una institución de “naturaleza civil no militarizada” del Poder Judicial, que dependerá “orgánica y funcionalmente” de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, y no del poder político provincial. Entre sus competencias tendrá los casos de delitos de ciertas “características”, “complejidad requerida para su investigación” y la “estructura organizativa de sus autores”, y para los cuales los fiscales requieran de su intervención.
Estará comandada por un director y un subdirector que deberán completar los mismos requisitos exigidos para un juez de Cámara de Apelación y de un juez de Primera Instancia, respectivamente, a través de un concurso de méritos y antecedentes. La duración en los cargos será de seis años sin posibilidades de ser elegido para un período siguiente. La integración de equipos interdisciplinarios deberán contar “como mínimo” con abogados, criminalistas, médicos y químicos forenses, especialistas en investigación tecnológica, técnicos en escena del crimen y levantamiento de rastros, contadores y psicólogos.
Fuente: Página/12