El SUBE continúa en el centro de la controversia. Primero una investigación del matutino LA NACIÓN había revelado, entre otras irregularidades, que GI (Global Infrastructure) , no tenía domicilio fijo en Buenos Aires y que, en la dirección de la empresa en Inglaterra, funcionaba una peluquería. Luego se conoció que el control del boleto electrónico le cuesta al Estado casi 10 millones de pesos más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, según consta en el expediente.
Pero como si todo esto fuese poco, ahora trascendió una versión que indica que la tarjeta que hoy está en manos de millones de argentinos, no serviría para cotejar los datos de los usuarios con los de las bases de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de este modo poder personalizar el valor del boleto , según la situación socioeconómica del usuario.
El problema residiría en la tecnología con la que el plástico fue creado, no permitiría entrecruzar la información por lo tanto la tarjeta carecería de sentido. Cabe recordar que cuando la misma fue anunciada con bombos y platillos por el gobierno nacional se destacaba las virtudes y los beneficios que iba a traer aparejados la nueva tecnología. “El Sube incluye una tarjeta magnética que permitirá conocer cómo se mueve cada usuario dentro de los recorridos del transporte y por lo tanto eso facilita que a cada uno se le pueda cobrar un precio diferenciado” anunciaban por entonces.
Todos estos anuncios fueron pronosticados para mayo-junio de esta año. La idea era determinar un precio diferencial por nivel de ingresos en el que se contemplarían los planes sociales, asignaciones universales y jubilaciones, entre otros subsidios que estén relacionados con la condición socioeconómica de cada pasajero.
Sin embargo los plazos se vencieron y el sistema nunca funcionó tal como se esperaba. Si bien desde el Ministerio de transporte decidió quitarle la concesión a la empresa dedicada a controlar la implementación de la SUBE , sólo hizo referencia a las irregularidades en la licitación y a los altos valores que le significó al Estado esa contratación. Pero por el momento nadie dijo nada de lo que podría ser un verdadero escándalo para el gobierno nacional: La tarjeta SUBE tal como está hoy en la calle no serviría.
