A partir de la destitución del intendente Blas Altieri , Pinamar quedará marcada como una ciudad con tradición destituyente. Es que la localidad balnearia acumula dos remociones en menos de cuatro años.
En este sentido, el ex jefe comunal, Roberto Porretti, dijo que “el concejo deliberante estuvo a la altura de las circunstancias, trabajó con total objetividad. Se llevaron los procedimientos correctamente, al doctor Altieri se le ofrecieron todas las instancias de defensa y se llegó a esta conclusión prácticamente por unanimidad”.
En relación al argumento de Altieri sobre que el Concejo Deliberante actuó como “juez y parte”, Porretti contestó: “está totalmente equivocado, nosotros no somos jueces, esto es un juicio político donde, tal como establece la ley orgánica de la municipalidad que rige en este caso a toda la provincia, el Concejo Deliberante, como cuerpo legislativo, tiene en sus atribuciones destituir un intendente, luego de todo un procedimiento”. En esa misma línea continuó: “él presentó esto como fundamento, en una medida cautelar que invocó ante la Suprema Corte de la provincia y ésta no hizo lugar. En realidad, lo que tenía que haber hecho es atacar los motivos por lo que se lo suspendía en ese momento y no lo hizo”.
En relación a los argumento que esgrimió al momento de votar por la destitución, Porretti explicó que “esto surge a partir del sentimiento y la percepción que tenemos prácticamente todos los pinamarenses en los últimos años. Acá en Pinamar, han ocurrido cosas muy graves: el asesinato de José Luis Cabezas y muchas otras situaciones. Por ejemplo, con el tema de las viviendas, él vendió los lotes con su propia inmobiliaria, proveyó los materiales de construcción y se repartió las casas y no pasó nada durante muchos años”.
Finalmente, y tras ser consultado sobre cómo continúa esta situación, el concejal detalló que “no es una atribución nuestra llamar elecciones, ahora seguramente Altieri recurra a la Suprema Corte para plantear el conflicto de poderes y el tema va a continuar ahí, el resto son atribuciones de las autoridades provinciales”.