Los ocho ediles de la oposición consideraron que correspondía la suspensión del intendente, que no podrá extenderse más allá de los 90 días, según lo que establece el artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
En ese plazo, el Concejo Deliberante deberá expedirse de forma definitiva acerca de qué medidas tomar para con Altieri. Si ese plazo vence sin que mediara un veredicto, el jefe comunal recuperaría su lugar.
La sesión se inició pasadas las 18.30 y se extendió tras las 20.15, con amenaza de bomba incluida que definió la votación cuando quedaban dos oradores por realizar su alocución.
El Ejecutivo quedará ahora en manos del concejal Hernán Muriale, electo por la boleta con la que Altieri ganó los comicios municipales y uno de los dos ediles que ayer votó en contra de la suspensión.
Las irregularidades
El eje está puesto en la adjudicación de viviendas sociales en Pinamar, que incluye a familiares, presuntas irregularidades en la construcción de las mismas a partir de un convenio entre el Instituto de la Vivienda y la fundación Eco Pinar, además de asociación ilícita y lavado de dinero.
Las viviendas correspondías a familias locales de pocos recursos, pero los beneficiarios fueron , entre otros, las hijas del intendente Elena María Altieri y María Constanza Altieri, además de Maximiliano y Juan Morales, hijos de Alberto Morales, funcionario municipal cercano al intendente.
Altieri, está acusado de “omisión indebida” por no declarar la “adjudicación”, además de “conducta antiética en beneficio de familias y personas vinculadas personal y políticamente que resultaron beneficiarias por planes de viviendas sociales”.
Otros cargo que los ediles analizaron, tienen que ver con una irregularidad en el procedimiento seguido por el Departamento Ejecutivo frente a acciones publicitarias de las empresas automotrices en los espacios públicos y privados; la remodelación del Hospital Comunitario; la cobertura de servicios de guardavidas y la denuncia del Sindicato Asociación de Guardavidas de Pinamar; una causa judicial de la Fundación Amigo contra la municipalidad en relación a los balnearios; la habilitación de confitería de Valle Fértil y Constitución; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia (recolección de residuos); el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la firma de convenios 81/2011 y 79/2011; el incumplimiento de medida cautelar en causa Unidad y Participación Ciudadana; la contratación directa empresa Compubeccar; la contratación directa de seguros; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes y el veto de insistencias del Concejo Deliberante; el incumplimiento de ordenanza sobre el bingo; la situación con la empresa Hidraco; los pedidos de informes del HCD no contestados; la posible irregularidad en pagos efectuados a Covelia; la adjudicación de licitación privada con oferta única sin intervención del HCD; la ordenanza de transparencia; el mandatario judicial; las unidades turísticas correspondientes a cánones de playa; la empresa Dinero Express; la denuncia de la ex concejal Marcela Ducasse; la Ley de ética pública; los hechos de violencia; la venta de choclos en la playa; y la situación del café El refugio del Rock.