El proceso por presunto cobro de dádivas para beneficiar a un detenido, cuyo abogado, Marcos Alonso, apareció asesinado en 2010 en esa ciudad bonaerense con un dólar en la boca, seguirá en 48 horas.
En la primera audiencia oral que se desarrolló en el anexo del Senado bonaerense de La Plata, el defensor oficial de La Plata, Omar Osafrain, pidió la nulidad de la acusación de la Comisión Bicameral visto su incomparecencia, a la vez que solicitó la suspensión del juicio hasta el miércoles 27 a las 15, y designó en su lugar como defensor oficial de Saladino al responsable de la Defensoría descentralizada de Saladillo, Eduardo Cirille.
Tras el pedido el Tribunal pasó a un breve cuarto intermedio en el que dio lugar a las solicitudes de Osafrain, con lo que sólo la Procuración de la Corte quedó como parte acusadora, las audiencias continuarán el miércoles 27 y Cirille pasó a ser el defensor oficial de Saladillo.
El jurado está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, junto a diez conjueces abogados con matrícula en la Provincia y legisladores, quienes serán los encargados de resolver si se destituye o no al magistrado, actualmente de licencia.
A Saladino se le imputa haber acordado con el defensor Alonso (42) favorecer la situación procesal de su asistido, Walter Gallastegui, a través del cambio de calificación de un hecho, que originariamente había sido tipificado como “homicidio simple en grado de tentativa” y luego se redujo a “lesiones graves”. Por eso, Gallastegui iba a obtener el beneficio de la excarcelación, algo que finalmente no sucedió.
Al suspendido juez le imputan “incumplimiento de los deberes inherentes al cargo” y “la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone y de actos de parcialidad manifiesta”. Además, una investigación realizada por la Secretaría de Control Judicial de la Corte reveló que existían correos electrónicos entre Alonso y Saladino, en los que quedaría probada la connivencia entre ambos, en el “arreglo” de causas para beneficiar imputados.
Fuente: DIB